En noviembre de 2022, el Gobierno provincial decidió construir una escuela en la cancha ancestral de la comunidad de Caspalá. Los lugareños se opusieron a la obra ya que había otro lote previamente destinado para ese fin.
Ante la negativa, el entonces gobernador Gerardo Morales inició una serie de maniobras para lograr la ejecución de un proyecto que incluyeron la expropiación ilegal de tierras, el despojo de propiedades mediante el uso de la fuerza, entre otros avasallamientos.
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La denuncia que realizó en su momento la comunidad en contra de Gerardo Morales por usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional, y asociación ilícita, prosperó y alcanzó un fallo favorable para los residentes del pueblo asentado en Valle Grande.
Tras dos años de lucha, la Justicia federal ordenó la reparación de la cancha ancestral de la comunidad y la restitución de tierras expropiadas.
Es así que, por orden de la jueza federal Carina Gegoraschuk, allá por finales de noviembre de 2024, en un plazo de 30 días, el Estado provincial debía reparar la cancha ancestral de la comunidad y las tierras expropiadas a Pablo Cruz.
No lo hizo, y se otorgó un nuevo plazo donde tampoco se cumplió con la requerida reparación.
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En una entrevista que brindó a Sobremesa la asesora legal de la comunidad de Caspalá, Silvina Yañez, detalló que hubo una audiencia donde participaron peritos e integrantes de dicha comunidad.
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“Fue debido al incumplimiento manifiesto del Estado provincial respecto de una manda judicial, porque el convenio que se firmó en noviembre está ya homologado. Ellos en esa época pidieron 30 días hábiles para restituir la cancha ancestral de la comunidad, reacondicionada y lista para usar, lo cual no ocurrió”.
“También se comprometieron a reintegrar los derechos de la titularidad de dominio a la familia Cruz Moyoja de la finca Santa Rosa donde encontraron los antigales”.
Embed – SOBREMESA 01-04-25Dra. Silvana Yañez y Lidia Balcarce, Integrante de la Comunidad de Caspalá
“Lejos de eso, hoy estamos en una situación en la cual no se ha dado cumplimiento en lo absoluto con el agravante de que se ha planteado una reunión con el Estado provincial, con el fiscal de Estado Albesa que puso toda su buena predisposición, para avanzar en un plan de remediación integral multidisciplinario, que es lo que propuso nuestro perito ingeniero Aguirre, porque ingresó solamente vialidad sin la consulta libre, previa e informada”.
“Tampoco se le dio participación a la comunera, a la señora Lucia Apaza que estuvo predispuesta para controlar, visar y ponerse a disposición de los que iban a restablecer la cancha lo que fue realmente desastroso”
“Volvieron a destrozar los antigales (patrimonio histórico) para tapar y tirar tierrita, como en su momento dijeron”.
“Hoy la cancha no solo no cuenta con la reparación de la cancha a la que se comprometieron sino que, además, en lo que son los antigales nuevamente se cometió delito de infracción a la ley de patrimonio, destrucción de patrimonio arqueológico. Esta situación fue constatada por gendarmería”.
“Hicieron remoción del suelo sin supervisión de personal idóneo. De esta forma se revictimizó al pueblo”.
Asismimo, la letrada acusó maltrato de parte de los empleados que fueron a cumplir con la manda de la justicia y dijo que el delito sigue.
La Justicia federal ya viene dando dos plazos, el 30 de abril vence este último.