El pasado martes, se produjo un intento de desalojo a las familias que integran la comunidad de Cueva del Inca en la localidad de Tilcara, el cual se logró frenar momentáneamente.
Además de la violencia con que se procedió, la comunidad como así también diversos organismos, denunciaron la ilegitimidad del procedimiento que buscan sea frenado definitivamente.
Mariana Katz, integrante del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia de Argentina), miembro del equipo de Pueblos Originarios, se refirió al violento ataque que sufrió la comunidad y las numerosas irregularidades que existieron en el procedimiento.
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“Lamentablemente hay todo un bagaje jurídico de reconocimiento que sistemáticamente el poder quiere desconocer; tanto el poder Ejecutivo como Judicial en el caso de la comunidad de Cueva del Inca. El poder judicial está obligado por el propio Código Civil a poder aplicar las interpretaciones en materia de derechos humanos; el Código Civil establece que se tienen que tomar en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 21 de la Convención Americana es la que se debe aplicar para entender la forma de propiedad comunitaria que tienen los indígenas sobre su territorio, y eso es lo que no quiere reconocer la jueza que intervino en la causa de Cueva del Inca y que no es el primer desalojo que ordena, ya lo hizo en la comunidad de Guerrero” señaló.
Consideró que “claramente o hay un desconocimiento intencionado por parte de la Justicia o un desconocimiento real. De cualquier forma, la Corte de la provincia tiene que tomar medidas al respecto”.
La abogada explicó que “estos avasallamientos se dan porque el norte global necesita los recursos que para los indígenas no son recursos naturales sino que son bienes comunes porque hacen a su existencia, pero hace unos 20 o 30 años esos recursos no tenían un valor económico pero hoy lamentablemente, dadas las circunstancias de la crisis climática que se está viviendo, se necesita abandonar el petróleo por lo que llaman energías limpias, y los elementos para producirlas se extraen de los territorios de las comunidades indígenas, por lo que limpias no son”.
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Katz aclaró que se dio participación a distintos organismos para que intervengan ante el hecho, además de haberse presentado una denuncia a la Justicia Federal. “Gendarmería se hizo presente en el lugar a fin de resguardar y proteger los bienes culturales ya que la zona está declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El desalojo en sí logró frenarse por las amenazas que hubo de parte de miembros de la comunidad que tenían intenciones de quemarse, y en esto también vale decir la gravedad que tuvo el accionar del Juez de paz a quien no le importó en lo absoluto lo que decía la comunidad, no dar intervención a personal de la Secretaria de Niñez cuando había niños, es una situación muy grave lo que ocurrió” remarcó la letrada.
Finalmente confirmó que desde el SERPAJ realizaron una presentación ante los jueces de la Corte de la provincia. “Estamos solicitando, ante todas estas irregularidades, que mediante una Resolución se suspenda el desalojo y que se den las garantías necesarias de defensa a los integrantes de las comunidades y a la comunidad de forma colectiva”.
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“Hay incumpliendo de un fallo judicial”
Por su parte, la abogada Alicia Chalabe, también se expresó sobre los hechos ocurridos en la comunidad Cueva del Inca y la gravedad que representa este ataque a la propiedad comunitaria.
Chalabe hizo referencia a un fallo de 2006 que avala la titularidad de las tierras el cual fue desoído por el estado provincial. “La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia elaboró un informe al Tribunal Contencioso Administrativo observando la cantidad de comunidades que abarcaba el fallo ‘Andrada de Quispe’ que dictó en 2006. En ese fallo se ordena que se entregue en propiedad comunitaria las tierras que habían sido relevadas. En esa oportunidad el propio estado reconoce mediante una mensura, las tierras de Cueva del Inca”.
Pese a este fallo de la justicia, nunca se cumplió la sentencia y ahora son desalojados. “Hay un grave incumplimiento del estado provincial de una sentencia judicial que es firme y consentida que es doctrina, un derecho adquirido de las comunidades. Una irregularidad mayúscula e incoherente”.
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