Durante la presentación de los cambios en las funciones de la Policía Federal (PFA) –que el Gobierno oficializó a través del Decreto 383/2025–, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “todos y cada uno de los miembros que ya forman parte de la PFA van a tener cabida, porque toda tarea va a ser importante. Todos los hombres y mujeres de la PFA van a ser parte”, resaltó. Ni ella ni el presidente Javier Milei mencionaron, sin embargo, que para cumplir con sus nuevas funciones la fuerza contará con un presupuesto que se nutrirá de una progresiva reducción del personal a incorporarse.
El artículo 6 prevé la creación del Programa Presupuestario Modernización de la Policía Federal Argentina, que tendrá como objetivo “la compra de bienes de uso, la adquisición o el desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y el rediseño de procesos para la modernización”, según puede leerse en la norma publicada en el Boletín Oficial. Esas compras, prosigue, deberán estar enfocadas en la nueva función de la PFA, que está orientada especialmente a la investigación criminal. Además de otorgarles una mayor libertad de acción y discrecionalidad a las fuerzas en el marco de estas investigaciones, el artículo 8 explicita que esto se financiará con la reducción del gasto que se genere por la eventual disminución del personal ingresante, dinero que deberá ser reasignado al programa presupuestario mencionado más arriba. “Dicho monto será calculado anualmente al inicio de cada ciclo presupuestario, tomando en cuenta la masa salarial, los aportes patronales y otros gastos que se devengarían de haber ocurrido dicha incorporación. A tal efecto, se podrá contemplar la creación de partidas presupuestarias adicionales, en caso de ser necesario”.
A partir de estas modificaciones, el Ministerio de Seguridad deberá establecer un cronograma de la cantidad máxima de suboficiales a incorporar anualmente. “Dicho número no podrá superar el de los ya incorporados en el año 2025 y deberá ser reducido progresivamente”, de acuerdo con el artículo 4 del decreto.
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En el acto, en el que ya podían verse los autos con el logo del flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el Presidente afirmó que la doctrina de seguridad del Gobierno está basada en tres pilares fundamentales: “En primer lugar, el que las hace las paga, o sea que el delito debe combatirse en todo momento y en todo lugar. Segundo, el orden público es sagrado. Por eso terminamos con los piquetes extorsivos que tenían de rehén a la gente de trabajo. En tercer lugar, los de azul son los buenos, y los malos son los delincuentes. Volvimos al sendero del sentido común”. Luego afirmó que su gestión se diferencia de “gobiernos anteriores que castigaban a los policías por abatir delincuentes. Es decir, por hacer bien su trabajo” y que, durante todas esas gestiones, “las fuerzas de seguridad fueron denostadas y demonizadas, en paralelo a que fueron vaciadas de financiamiento”.
Sin embargo, y si bien el Ministerio de Seguridad y sus estructuras dependientes en términos generales tuvieron una ampliación presupuestaria respecto al presupuesto vigente en 2024 (de los $ 4,8 billones a los $ 5,1 billones actuales), la Policía Federal –según los datos del presupuesto abierto– redujo su dinero disponible de los $ 692.961 millones a los $ 688.776 millones. Las principales caídas se vieron en las actividades de despliegue en el interior del país (que pasaron de un presupuesto inicial de $ 205.146 millones a $ 203.116 millones) y los recursos destinados a la asistencia sanitaria del personal y su familia (que pasaron de los $ 45.642 a los $ 41.610 millones).
El Ministerio de Seguridad amplió su presupuesto en las dos modificaciones que el Gobierno realizó en el año. Desde inicios de 2024 –año en el que se prorrogó el presupuesto de 2023– la cartera pasó del $ 1,9 billón disponible a los $ 5,1 billones, lo que representa una suba del 157%.
Paralelamente, si bien al inicio de su gestión el Presidente aseguró que “la única billetera que está abierta es la del Ministerio de Capital Humano”, el presupuesto de esta cartera (según los datos del presupuesto abierto) se redujo en $ 18.355 millones en lo que va del año y en $ 190.981 millones respecto a 2024. La Secretaría de Educación perdió $ 18.400 millones respecto a lo que tenía disponible al inicio del año, mientras la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con $ 14.934 millones menos que lo que estaba presupuestado para 2025.