En la última jornada de lunes, se cumplió con un acto oficial de gobierno donde se anunció la presentación de la Ley Orgánica de la Auditoría General de la provincia.
Con la presencia de Carlos Sadir se expuso que “se establece un renovado régimen de control externo al sector público estableciendo transparencia, eficacia y publicidad de los actos del Ejecutivo”.
Susana Ustarez, secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), dialogó con Radio 2 al respecto y remarcó que no se trata de una nueva ley, sino una que ya está vigente desde la reforma constitucional del 2023.
Tildó al accionar de la gestión radical como extemporáneo y recordó que ellos se habían opuesto a la reconversión del Tribunal de Cuentas ya que les limitaba herramientas y reducía facultades de control.
“Esta presentación es solo de la ley que originalmente salió para implementar la Auditoría. Es decir, tiene un año y medio esta ley ya de dictada. No es una novedad. No es una ley nueva. Es la ley orgánica del año de la reforma. El 2023, con la reforma que fue aprobada el 20 de junio, acaban de hacer dos años, se crea la Auditoría pero se dispone que continuará operando como Tribunal de Cuentas hasta que se dicte ley y se nombre los funcionarios. Y eso ocurre mediante esta ley y el nombramiento de cinco miembros del Tribunal de Cuentas, más dos otros miembros, uno por la oposición, el doctor Walter Basilio Barrionuevo, y el contador Albornoz, que venía de JEMSE, de la empresa de energía”.
Este nombramiento y esta ley se dictan en diciembre del año 2023. O sea, esta ley no es ninguna novedad. Está vigente y a un año y medio prácticamente de su dictado es presentada en un evento oficial muy protocolar por los siete funcionarios a cargo del organismo y gerentes, que también son nombrados y creados los cargos en ese momento. Presentar una norma, una ley con todas sus características, un año y medio después, parece al menos extemporáneo. Este nombramiento y esta ley se dictan en diciembre del año 2023. O sea, esta ley no es ninguna novedad. Está vigente y a un año y medio prácticamente de su dictado es presentada en un evento oficial muy protocolar por los siete funcionarios a cargo del organismo y gerentes, que también son nombrados y creados los cargos en ese momento. Presentar una norma, una ley con todas sus características, un año y medio después, parece al menos extemporáneo.
“Es una transformación traumática porque la reforma del 2023 se aprobó en circunstancias de mucha resistencia de la ciudadanía, se recordará el jujeñazo, toda la lluvia de balas y de persecución que hubo. En medio de todo eso, los empleados del Tribunal de Cuentas habíamos hecho aportes a la reforma para que no se hiciera. El Tribunal de Cuentas era una figura adecuada, había que fortalecerlo, había que funcionalizarlo, pero bueno, no. Se avanzó de la mano del convencional constituyente Nieva, que en su momento trajo el modelo que él mismo era auditor general en Buenos Aires y defendió que era modernidad, que eran cambios positivos, pero claramente no es así. Igual es un modelo vigente en la Nación desde los años 90, y es un modelo que después adoptó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después de algunos años Salta, y después de varios años más ahora Jujuy. Pero son cuatro jurisdicciones nada más en el país que tienen este modelo, el resto conserva el modelo de los tribunales de cuenta, con facultades de juzgamiento”.
El Tribunal de Cuentas tenía otras facultades más amplias, mucho mayor autonomía de la política porque sus miembros no eran nombrados por, como ahora, el presidente por la oposición, el resto por el gobernador, aprobados por la Legislatura. Realmente es un modelo que el control que realiza la auditoría culmina con un informe únicamente. No termina con una aprobación o desaprobación. El Tribunal de Cuentas tenía otras facultades más amplias, mucho mayor autonomía de la política porque sus miembros no eran nombrados por, como ahora, el presidente por la oposición, el resto por el gobernador, aprobados por la Legislatura. Realmente es un modelo que el control que realiza la auditoría culmina con un informe únicamente. No termina con una aprobación o desaprobación.
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