Las bajas de funcionarios en el gobierno libertario no se detienen. Entre despidos, renuncias, reducciones y modificaciones de estructuras, ya son 154 los dirigentes que quedaron afuera.
El último nombre en oficializarse fue el del director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, Claudio Aquino, de quien todavía no se conoce sucesor. El funcionario formaba parte de una dependencia estratégica (y clave) relacionada con el sindicalismo y los empresarios. Y es que, en su rol, dirige la resolución de conflictos de encuadramiento, inspecciones a sindicatos y el otorgamiento de personerías o la inscripción a organizaciones gremiales que todavía no existan.
La Dirección de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo siempre fue un sector sensible, atravesado por sospechas sobre la legalidad de sus decisiones y el manejo discrecional de expedientes que afectan directamente la vida jurídica y económica de los gremios. Por eso, tras asumir, el Ministerio de Capital Humano intervino esa dirección y envió un equipo legal para revisar “carpeta por carpeta” y auditar dictámenes “opinables”, con el objetivo de transparentar una repartición históricamente opaca.
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En ese marco, desde la Secretaría aclararon que no hubo una denuncia puntual ni una irregularidad comprobada que motivara la intervención, sino una medida preventiva en un área “manejada a dedo”. El abogado Claudio Aquino, designado por esta gestión en enero y señalado como uno de los impulsores de los cambios, fue respaldado en ese momento por la cartera laboral. Incluso se adelantó que continuaría en funciones para colaborar con una “reconversión metodológica”.
Pero el clima cambió en febrero, cuando el líder de la Uatre, José Voytenco, presentó una denuncia penal contra Aquino, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el diputado libertario Pablo Ansaloni. Los acusó de intentar intervenir su sindicato en connivencia con sectores internos opositores, vulnerando, según él, la autonomía gremial. En el centro del conflicto quedó una decisión de Aquino, quien firmó un dictamen que anuló el congreso que había reelegido a Voytenco, al considerar que no se acreditó la legalidad de los congresales.
A partir de ese dictamen, la Secretaría de Trabajo pidió judicialmente la intervención del gremio, pero la Sala VI de la Cámara del Trabajo rechazó esa solicitud. El caso dejó a Voytenco políticamente debilitado, mientras el Gobierno lo ubica dentro de un sector sindical opositor alineado con el kirchnerismo. En ese contexto de internas gremiales, tensiones políticas y decisiones administrativas cuestionadas, la salida de Aquino vuelve a poner el foco sobre una de las áreas más sensibles del Ministerio.
A esta salida se le suma la reciente oficialización de eliminación y reestructuración de organismos a cargo de Federico Sturzenegger, que también deja afuera a funcionarios. En total, se trata de 154 funcionarios afuera en 19 meses de gobierno. El caso más emblemático fue el del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. También en la lista ya dejaron el lugar tres ministros. Según el analista Pablo Salinas, la función que más bajas tuvo fue la de subsecretario de Estado (51) y le sigue la del secretario de Estado con (39).