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El BID aprobó la Estrategia País.
También alerta sobre la posibilidad de “shocks externos que deterioren los términos de intercambio y las condiciones financieras internacionales pueden impactar sobre costos operativos y el espacio fiscal y sobre las inversiones privadas”.
La estrategia de mitigación incluye fortalecer la agenda social y mejorar el sistema de protección social y diseminar los resultados esperados para facilitar el diálogo y el consenso. Y para mitigar los riesgos de liquidez externa se planea hacer un monitoreo regular, apoyar el cumplimiento con los compromisos, y facilitar el uso y el desarrollo de instrumentos de cobertura a la par de apoyar el desarrollo del mercado de capitales local, junto con el acceso a instrumentos contracíclicos para mitigar el impacto de crisis externas.
Desafíos
Se señala que el país enfrenta importantes desafíos fiscales debido a la expansión del gasto público acumulada desde 2002 a 2023, que se financió con aumento de la presión tributaria, deuda y emisión monetaria, derivando en inestabilidad macroeconómica, inflación creciente y crisis de deuda y de sector externo recurrentes hasta 2023.
El gasto público consolidado pasó de 29% del PIB en 2002 a 42% en 2023, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto social (+8.4 p.p. del PIB), las transferencias al sector privado, que incluye prestaciones sociales (+3.6 p.p. en dos décadas), los subsidios energéticos (+1.8p.p. del PIB) y el transporte (+1.3 p.p. del PIB).
Se remarca que este proceso estuvo acompañado de ineficiencias asignativas y técnicas, como el aumento del gasto social sesgado a personas de edad avanzada en detrimento de primera infancia, y subsidios económicos en energía y transporte.
Asimismo, se destaca el incremento del gasto en funcionamiento del estado entre 2002 y 2023 (+1.3 p.p. del PIB), así como el déficit de las empresas estatales, que requirió asistencia financiera equivalente a 1.5% del PIB en 2021. Por último, uno de los principales factores de ineficiencia asignativa es el alto nivel de gasto en jubilaciones y pensiones, qué pasó de 5.6% del PIB en 2005 a 9.8% del PIB en 2023.
Impuestos
Además de las ineficiencias en el gasto presupuestario, el gasto tributario se estima en 3.48% del PIB en 2024, de los cuales 0.4% corresponden a regímenes de promoción económica.
Ante esta situación, en 2024 se inició un proceso de consolidación fiscal que permitió reducir el gasto del Sector Público Nacional en 4.3 p.p. del PIB, concentrándose en el ajuste de subsidios económicos (0.6 p.p. del PIB), transferencias a provincias (0.5 puntos del PIB), salarios (0.4 puntos del PIB), gastos de capital (1.12 puntos del PIB), jubilaciones y pensiones (0.5 puntos del PIB).
En materia de recursos, se señala que la Argentina enfrenta una elevada presión tributaria derivada de la implementación de impuestos distorsivos. En las últimas dos décadas, la presión tributaria federal y provincial se ha incrementado de 16% a 25% del PIB y de 3% a 5% del PIB, respectivamente.
Inversión
El documento puntualiza que este contexto desincentiva el ahorro y la inversión privada, manteniéndolos por debajo de los niveles de países comparables (16% del PIB en 2023 por detrás de Brasil, Chile y Uruguay).
En paralelo, la deficiencia en la calidad institucional y regulatoria, reflejada en el deterioro de los indicadores de gobernanza en los últimos 20 años, representa un obstáculo adicional para mejorar la eficiencia fiscal del país.
El aumento estructural del gasto resultó en una serie de déficits fiscales que contribuyeron a una inestabilidad que penalizó principalmente a la población de menores ingresos.
Los déficits fiscales primarios estuvieron en un rango de entre 0.1 % del PIB y 6.4% entre 2009 y 2023, lapso en que la deuda soberana trepó desde 39% del PIB en 2011 hasta 157% en 2023.
En 2020, se reestructuró la deuda externa soberana con acreedores privados sin recuperar el acceso al crédito externo y con un elevado riesgo país. En este período la inflación fluctuó entre 7% en 2009 y 211% en 2023.
Ayuda
Frente a esta situación, el acuerdo con el BID contempla:
- Apoyar la Reforma Fiscal
- Mejorar la eficiencia técnica y asignativa del gasto público
- Fortalecimiento de la Administración Tributaria Federal.
Situación social
El BID puntualiza que “la pobreza se ve afectada de modo significativo por la inestabilidad macroeconómica, en particular por la inflación y el freno al crecimiento”. La tasa de pobreza ha oscilado entre 25 y 50% en los últimos 20 años.
El documento reseña que el proceso en curso de corrección de desequilibrios macroeconómicos y de precios relativos iniciado en diciembre de 2024 estuvo asociado a un salto inflacionario y contracción económica iniciales que contribuyeron a que el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza alcanzara 52,9% en el primer semestre de 2024, mientras que la tasa de indigencia se ubicó en 18,1% de la población.
La recuperación de la actividad económica y de los salarios reales desde mayo de 2024 está revirtiendo en buena medida esta suba de la pobreza de ingresos, pero sigue siendo igualmente elevada, alcanzando un 38,1% de la población y un 28,6% de los hogares, en un contexto en que los salarios reales formales e informales aún se ubican 27% y 47% respectivamente debajo de los máximos alcanzados en 2017.
Se destaca que “pese a los significativos logros recientes de reducción de pobreza de ingresos, Argentina enfrenta una alta vulnerabilidad a la pobreza (probabilidad de que un hogar entre y salga de la pobreza de modo frecuente) y alta pobreza crónica asociados a la elevada informalidad laboral.
Se estima que más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años es pobre. Por otra parte, existe una dispersión geográfica importante de la pobreza, con una incidencia mayor en las regiones Nordeste y Noroeste, y en el conurbano bonaerense.
Programas
El BID evalúa que los programas de transferencias condicionadas a hogares con niños y embarazadas tienen alta cobertura, están bien focalizados y han demostrado tener impacto en la reducción de la pobreza extrema. Sin embargo, sostiene que existen oportunidades de mejora en el diseño para evitar superposiciones, inequidades y eficientizar los procesos de verificación de corresponsabilidades. Además, la tasa de informalidad de los asalariados supera el 36%.
Para paliar la pobreza, los programas de asistencia social han aumentado en la última década. Se considera que el sistema de protección social en Argentina a fines de 2023 estaba fragmentado y presentaba ineficiencias e inequidades varias, aunque con un nivel de cobertura alto y una eficacia elevada.
Tras considerar que estos programas juegan un rol significativo de contención social, se considera que, en el contexto de necesidad de avanzar en la consolidación fiscal para reducir la inestabilidad, es preciso racionalizarlos, reducir la fragmentación, y contribuir a una mejora en la eficiencia asignativa del gasto social.
El BID también hace referencia a que “los déficits de calidad educativa de las últimas décadas se profundizaron con la pandemia, y son marcados en todos los indicadores, el retroceso en materia de alfabetización es particularmente relevante”.
Esta situación se refleja un incremento a 2019 del porcentaje de estudiantes de 3 grado de primaria que no alcanzaban el nivel mínimo de competencia en comprensión lectora. En tanto, la evaluación Aprender muestra un deterioro en el desempeño de los alumnos de 6to grado entre las dos últimas mediciones (2022 y 2023), tanto en lengua como en Matemática, con un incremento de los alumnos de en los niveles básico e inferior.
Déficits
También indica que Argentina presenta déficits en materia de atención primaria de salud, de cobertura médica, de incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y de fragmentación e ineficiencia del gasto en salud.
El documento da cuenta de que, si bien Argentina mantiene un alto nivel de gasto global en salud (10%) por encima del promedio de América Latina (7%) y de países de ingresos altos (8%), presenta resultados sanitarios menores a los esperables para su nivel de inversión e ingreso per cápita.
De esta manera, Argentina alcanza solo el 61% del potencial de mejora en salud alcanzable por un sistema de cobertura universal de salud efectivo. Además, puntualiza que existe una carencia de indicadores y mecanismos para monitorear y evaluar la calidad de los servicios sanitarios de manera sistemática, imposibilitando la mejora de la calidad prestacional. La cantidad de personas con cobertura pública que tienen registros médicos electrónicos tan solo alcanza el 30,4% en 2023.
Inseguridad
“La inseguridad constituye uno de los principales problemas que afecta a la sociedad argentina”. Si bien Argentina presenta una de las tasas de homicidios más bajas de la región (4,4 homicidios por 100.000 habitantes en 2023), existen marcadas diferencias en territorios al interior del país, como es el caso de la jurisdicción de Santa Fe y la ciudad de Rosario donde las tasas de homicidios son hasta cinco veces mayor al promedio país (10.1 y 20.51 homicidios por 100.00 habitantes en 2021 respectivamente). Específicamente, seis de cada diez muertes ocurridas en Rosario están relacionadas con la economía ilegal u organización criminal.
La modalidad de violencia doméstica constituye el 97,0% de las situaciones reportadas a nivel nacional. Por otra parte, Argentina evidencia un crecimiento significativo de la población carcelaria (47% en cinco años), lo que a su vez se traduce en altas tasas de hacinamiento y deterioro de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Así, el BID señala que “todo esto conlleva a que exista una alta desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia del país”.
Además, Argentina enfrenta un aumento de hogares residiendo en condiciones de informalidad urbana y que presentan déficit de cobertura y calidad de agua y saneamiento. El déficit habitacional en hogares urbanos es del 38,1% significativamente mayor a 2010 (35,5%). En este contexto, el nivel de cobertura de agua de red pública alcanza el 89,7%, mientras que la cobertura de servicio de cloacas alcanza únicamente el 71,5%.
Los objetivos en esta materia son:
- Mejorar la efectividad y eficiencia del sistema de protección social, incluyendo los pilares contributivos y no contributivos.
- Lograr un sistema de salud más equitativo, eficiente y centrado en la población.
- Apoyar la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y el desarrollo de habilidades digitales.
- Impulsar proyectos de integración urbana para mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales, con infraestructura, servicios básicos y programas de desarrollo social y económico.
- Mejorar la calidad de los servicios de movilidad urbana.
- Expandir el acceso a los servicios de agua y saneamiento mediante la mejora de la eficiencia operativa, la gestión integrada de los recursos hídricos y el saneamiento ambiental.
- Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia.