Las abogadas Alejandra Cejas y Silvana Llanes, indicaron que dicha demanda «surge de la constante violación a los derechos humanos de los vecinos del lugar, que se ven turbado su propiedad, en su posesión, en el impedimento de libre circulación de personas y animales, tanto por quienes habitan allí, como aquellos transeúntes, familias y amigos que quieren ingresar o asistir o pasar por el lugar, como el caso de medios de comunicación que el día 16 de julio de 2025 se presentaron para conocer la situación de los vecinos del lugar».
En su fundamentación, las letradas aseguran que «la presente acción se impulsa como consecuencia de las denuncias efectuadas desde enero de 2025, en el Legajo N° 625/2025, de donde surge que la turbación, violencia institucional, hostigamiento a la familia, amigos y vecinos de Griselda Ibañez y sus hijos y otros, fue manifestándose en diversas oportunidades, por un supuesto desalojo, que nunca fue exhibido en contra de la Sra. Ibañez y/u otros por parte de funcionarios provinciales, policías y demás funcionarios que se presentan y que fue motivo de diversas presentaciones. Desde esta fecha y hasta la actualidad, se han generado hechos de violencia, sobre personas de mucha vulnerabilidad, campesinos y vecinos varios, que viven de manera antiquísima en esas tierras. Las amenazas son de violencias personas y destrucción de cosas, con el agravante del centro de vida de menores de edad, acreditado en el MPA«.
Y que «en función de los hechos que acabamos de exponer, sostenemos que existe una amenaza actual e inminente de que se profundice de la libertad ambulatoria del colectivo de personas en cuyo favor accionamos. A través de la acción que presentamos, impugnamos las medidas de restricción de libertad ambulatoria de las personas que se encuentran en el predio vallado, así como las inhumanas condiciones de habitabilidad en que se encuentran las familias allí afectadas, incluyendo la presencia de niños y niñas violentando gravemente sus derechos».
informe de MPA FISCAL FUNES.pdf
Vale mencionar en relación a toda esta situación, que el fiscal Diego Funes, agente fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, hizo saber que el grupo de personas que representan las abogadas, han sido imputados del delito de Usurpación por Despojo y Turbación de la Posesión (Art.181 inc.1° y 3° del C.P.) en el legajo P-18571/25 y se solicitará una orden judicial de lanzamiento de los mismos, entre ellos un niño de 12 años.
Los hechos
El pasado día martes, se llevaron operativos de desalojo a familias que cuentan con sus viviendas y terrenos en cercanías del Parque Industrial de Perico, en la Finca El Pongo. Además procedieron a realizar el cercado perimetral en tierras que los vecinos dijeron que les pertenecen.
La situación se repitió en la última jornada de miércoles, creciendo la tensión porque los efectivos decidieron armar un cordón y los residentes del lugar se encadenaron, mientras que durante el jueves hubo momentos de calma pero los lugareños siguen firmes en su postura de no abandonar los terrenos.