En un giro preocupante dentro del caso de la finca El Pongo, que involucra un enfrentamiento por tierras en nuestra provincia, la imputación de un menor de 12 años ha puesto en evidencia una serie de irregularidades judiciales y el abuso del poder estatal. Este hecho, ocurrido tras la presentación de un habeas corpus colectivo por parte de las familias afectadas, se ha transformado en un escándalo judicial, con implicaciones graves tanto a nivel de derechos humanos como de acceso a la justicia.
Axel Ibáñez, un niño de 12 años que, a pesar de ser un abanderado en su escuela, ha sido imputado en un proceso judicial por simplemente presentar una solicitud de protección.
La abogada Alejandra Cejas explicó a Radio 2 cómo este niño, quien vive en la finca junto a su madre, fue señalado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sin ningún fundamento legal. A Axel se le atribuyó una imputación sin especificar el delito y sin que se haya iniciado una investigación adecuada.
La situación es aún más alarmante cuando se tiene en cuenta que Axel es un menor de edad, y según la legislación argentina, los menores de 16 años son inimputables, es decir, no pueden ser procesados penalmente. La acusación, según los testimonios de los abogados defensores, simplemente se deriva de la solicitud del habeas corpus presentada por los afectados. En vez de ser protegidos, los que buscan defensa y justicia se ven perseguidos por el aparato judicial, lo que abre una profunda interrogante sobre la validez y el respeto por los derechos fundamentales.
La Violación de Derechos Humanos y la desprotección institucional
El conflicto comenzó con una denuncia por hostigamiento a las familias residentes en la finca, que vivieron bajo un constante asedio policial en los últimos días. A pesar de la falta de una orden judicial formal que autorice el desalojo, los efectivos policiales, que superaron los 100 en algunos momentos, han mantenido un control coercitivo sobre la zona.
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La presencia de máquinas del Ministerio de Producción y amenazas de violencia han aumentado la sensación de vulnerabilidad en la comunidad. Sin embargo, los esfuerzos por regularizar la situación mediante un habeas corpus fueron ignorados por el juez de control, quien desestimó la petición de protección.
Según Alejandra Cejas, quien forma parte del equipo legal que representa a las familias afectadas, el habeas corpus es una medida excepcional diseñada para garantizar la libertad y la seguridad de las personas ante la amenaza de una vulneración ilegítima. Sin embargo, el juez de control, lejos de tomar acción para cesar la violencia institucional y el hostigamiento policial, decidió rechazar la petición, permitiendo que la situación de abuso se perpetuara.
Imputaciones sin sentido: El uso de «copia y pega»
Un aspecto clave del escándalo judicial es la falta de investigación previa por parte de las autoridades. Según Cejas, el fiscal Funes, presente en la audiencia, utilizó de manera irregular la carátula del habeas corpus presentado para imputar a los solicitantes sin un examen o análisis de los hechos. Señaló que en lugar de investigar, se optó por un proceso de «copiar y pegar» la información contenida en la solicitud de protección para dar forma a las imputaciones.
El contexto del desalojo y la violencia institucional
El caso se enmarca dentro de un contexto más amplio de violencia institucional y conflictos territoriales en la provincia. A lo largo de los últimos días, la policía y las máquinas de producción avanzaron sobre la finca sin el respaldo de una orden judicial clara, en un intento de ejecutar un desalojo que, según muchos testigos, carecía de la debida justificación legal. La presencia de personal policial no identificado y la intimidación hacia los residentes de la finca son elementos adicionales que agravan la situación de abuso.
Lo más grave, sin embargo, es la falta de respuesta de los organismos de protección infantil y las defensorías de menores, que deberían haber intervenido para garantizar los derechos de los niños involucrados. La violación de los derechos de Axel y otros menores residentes en la finca pone de manifiesto la desprotección institucional que sufren las personas más vulnerables, en particular los niños.
Ante este panorama, la abogada y su equipo han manifestado que no permitirán que el fallo del juez de control quede firme. Ya han comenzado a tomar medidas legales para recurrir la decisión y seguir luchando por los derechos de las familias afectadas. En este sentido, han anunciado que llevarán el caso a instancias federales si fuera necesario.
«Lo que estamos viendo aquí es una violación sistemática de los derechos humanos, en la que el Estado no solo se muestra indiferente, sino que también actúa como cómplice de la violencia institucional», señaló Cejas en la entrevista. La defensa seguirá apelando y exigiendo que se cese la violencia, se liberen los caminos de acceso y se garantice la seguridad jurídica de las personas afectadas.