Artículo públicado originalmente en el sitio de Apemia y reproducido en varios medios
En vísperas de un nuevo aniversario, el Estado nacional modificó su legislación para poder sostener la vieja Historia Oficial del ataque a la AMIA. En tan sólo cuatro meses, Milei impuso con apoyo parlamentario y del Poder Judicial el “juicio en ausencia” para lograr una condena en línea con la hipótesis de la responsabilidad de Irán y Hezbollah que no probaron en 31 años.
Con este nuevo marco, las renovadas promesas de terminar con la impunidad son descaradas. En ausencia de acusados y sin abrir ni mostrar pruebas, no habrá esclarecimiento ni Verdad ni Justicia.
Desde el principio, la supuesta investigación del ataque estuvo enmarcada en el escenario geopolítico del Medio Oriente ocultando la responsabilidad local en el crimen terrorista. La acusación se sostuvo en el Informe Oficial de (Miguel Ángel) Toma (SIDE) que el exfiscal (Alberto) Nisman transformó en relato en sus dictámenes de 2006 y 2009.
Con la nueva ley aprobada, el Presidente viajó a Israel y coronó una política de Estado que -con matices- atravesó tres décadas, poniéndose al servicio de la agresión israelí, de Estados Unidos y de los países de la OTAN.
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Así, el Congreso consumó la intención de generar nuevos instrumentos punitivos del Estado. En cambio, para (Rodolfo ) Tailhade –como antes lo fue para (Antonio) Stiuso – el desafío no era aprobar la nueva ley, sino lograr que los jueces aprobaran las pruebas truchas de SIDE.
A su turno, el juez (Daniel) Rafecas justificó tramitar el juicio en ausencia haciendo foco en su posible condición constitucional. Ubicó el caso “dentro de ese conjunto de situaciones especiales que requieren respuestas excepcionales”.
Sin embargo, se negó a impulsar la apertura y el acceso a la documentación que ya es prueba judicial, dejando ver que no se atreve a enfrentar la injerencia excepcional del Poder Ejecutivo con la ley vigente.
Porque de eso se trata: abrir los archivos, hacerlos públicos, permitir su análisis y aportar a la construcción de la verdad histórica de este caso de Terrorismo de Estado que es parte de nuestra historia reciente. Esto es lo importante.
El debate centrado sólo en la condición constitucional es limitado. Y aún si así lo fuera, la impunidad no se superará sin abrir las pruebas a un debate con toda la sociedad.
El juez se negó a ello. Dijo que se debe “recurrir a soluciones novedosas”. Pero rechaza una solución que implica empezar por el principio: considerar una hipótesis seria, que se pueda demostrar en base a la prueba obrante en los archivos aún secretos del Estado, que la Corte Interamericana ya intimó a abrir. La relevancia de las pruebas es abrumadora.
Son esos documentos los que demuestran que el Estado argentino participó en la preparación, consumación y encubrimiento del ataque y no lo hizo en soledad. Esta es la hipótesis que denunciamos desde hace años y que continúa sin ser tratada. Mantenerla en la condición de secreto de Estado impide conocer la verdad y esclarecer el ataque a la AMIA.
El futuro juicio en ausencia es el nuevo escenario para actuar “como si” se hiciera justicia. Pero no terminará con la impunidad ni “representa una expectativa razonable de acceso a la verdad” como cree el juez. Forzar una “verdad judicial” (la Historia Oficial) ajena a la verdad histórica no es Justicia sino impunidad.
Será una nueva farsa, la certeza que arrastra a un nuevo fracaso. Abrir las pruebas a la sociedad y a un estudio serio es condición de base y requisito tradicional, no de excepción, para exponer la Verdad e impulsar Justicia. A eso se niegan desde hace 31 años.
* Laura Ginsberg y Pablo Gitter son referentes de APEMIA (Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA)