Habida cuenta del nivel de sus dietas, correspondería que nuestros legisladores no descuidaran ninguna de las funciones que les son propias y que el voto popular les ha delegado. La bicameral de la niñez que hasta el 6 de marzo pasado no se había integrado, debía convocar a concurso para cubrir la Defensoría nacional de derechos de niños, niñas y adolescentes con una anticipación de 180 días al vencimiento de mandatos, según fija con claridad el reglamento interno. Pero no ocurrió.
El cargo de defensor del niño fue creado por ley en 2005 para la protección de los derechos de los menores de edad con la amplitud y alcance que contemplan nuestra Constitución nacional, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes locales. Inexplicablemente, a pesar también de los reclamos de distintos sectores, permaneció vacante durante 14 años. Luego de un concurso que demoró dos años, en 2020, juró la doctora Marisa Graham, exdirectora de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Buenos Aires, luego de ser seleccionada por la comisión bicameral y designada por ambas cámaras por cinco años. El nombramiento había avivado polémicas, no por su capacidad técnico-profesional sino por haber sido contraria a reconocer el más elemental de los derechos: el derecho a la vida de las personas por nacer. El claro sesgo ideológico y la falta de equidad en la representación en la comisión habían conducido al nombramiento.
El 28 de febrero último habían vencido los mandatos de Graham y de su adjunto, Facundo Hernández, autoprorrogados mediante modificación del reglamento interno que terminó impugnado. Organizaciones de la sociedad civil exigieron entonces la conformación de la bicameral y que se garantizara el funcionamiento de la defensoría nombrando nuevas autoridades o prorrogando los mandatos. A fines de mayo del corriente año, el oficialismo logró desplazar a Graham tras una desprolija reunión de la bicameral que no logró consensos. Mediante una cautelar, las OSC pidieron que ante una virtual acefalía se designe a un nuevo titular. Pero tampoco ocurrió.
El concurso público de antecedentes y oposición para la elección de nuevas autoridades tuvo lugar el 16 de junio, un proceso que debería durar tres meses según el reglamento. La anómala acefalía implica el riesgo de paralizar el seguimiento de políticas públicas oportunamente aprobadas. La tarea del organismo se vincula con expedientes judiciales, amparos que involucran a muchos niños. Entre otras tareas, el año pasado, el ente autárquico monitoreó más de 500 comedores comunitarios de todo el país y enfrentó el reclamo de más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación.
La convocatoria a concurso público de antecedentes para cubrir el cargo cerró el 3 del corriente mes con 223 postulantes. Entre ellos, destacamos la figura de Pablo de la Torre, médico pediatra con vasta experiencia, que ocupó cargos clave –entre ellos, el de secretario nacional de Niñez-, demostrando capacidad y liderazgo en el impulso de políticas públicas. Sin duda, es quien mejor combina sensibilidad humana, formación técnica y experiencia para la desafiante tarea.
Las audiencias públicas con los candidatos se concretarán entre el 28 de agosto y el 1° de septiembre próximos. Una vez definido el elegido, para el 22 de septiembre, se elevará a las Cámaras para su votación.
La custodia y protección de quienes más lo necesitan demandan normalizar lo más rápidamente posible la situación, asegurando la difusión de toda la información sobre el concurso y la participación de la sociedad civil en un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos que imponga también racionalidad en la asignación de los recursos.