El gobierno de Javier Milei registró una nueva baja: renunció Osvaldo Rolando, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La salida se hará efectiva a partir del primer día de agosto y, según aclararon fuentes oficiales, responde a «motivos estrictamente personales».
Rolando había desembarcado en el ENRE a comienzos de diciembre del año pasado en reemplazo de Darío Oscar Arrué. Ingeniero electricista de profesión, contaba con una vasta experiencia en empresas del sector energético como Edesur.
El Gobierno elimina los subsidios a la electricidad a más de 15.000 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados
Renunció Osvaldo Rolando, interventor del ENRE
Graduado de la Universidad Tecnológica Nacional, el ahora exfuncionario cuenta con formación en gestión empresarial y en el área de distribución eléctrica. En su trayectoria profesional, se destaca su paso por la función pública como subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, durante la gestión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
«Queremos agradecerle profundamente por su compromiso y dedicación al frente del organismo, donde lideró una etapa clave para el reordenamiento del sector eléctrico con profesionalismo y vocación de servicio. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos desafíos que emprenda», destacaron desde la Secretaría de Energía.
La renuncia ocurrió a dos semanas de la reglamentación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), un nuevo organismo que fusionará el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
A través del Decreto 452/2025, publicado el 7 de julio en el Boletín Oficial, se estipuló que el ENRGE será una entidad autárquica que dependerá de la cartera energética y que deberá estar plenamente operativo dentro de los 180 días corridos a partir de la publicación de la normativa.
La decisión oficial tras la crisis del gas
La conformación del nuevo ente regulador prevé la transferencia de personal y bienes desde el ENARGAS y el ENRE, manteniendo las condiciones de empleo vigentes hasta su reubicación dentro de la nueva estructura. Además, esta dependencia absorberá todas las funciones de sus predecesoras.
Por otra parte, será responsabilidad del Poder Ejecutivo nombrar a quienes ocuparán la presidencia, vicepresidencia y tres vocalías del directorio del organismo. La selección estará a cargo de la Secretaría de Energía y se realizará mediante un proceso específico.
Para acceder a estos cargos, se exigirá trayectoria técnica y profesional en los sectores del gas y la electricidad. Los mandatos tendrán una duración de cinco años, con posibilidad de renovación, y las salidas se producirán de manera escalonada año a año.
Edesur y Edenor deberán pagar multas millonarias por los cortes de energía
El primer directorio deberá ser elegido en un plazo de 30 días hábiles desde la publicación del decreto. Antes de nombrar o remover a sus integrantes, el Ejecutivo tendrá que informar los motivos a una comisión del Congreso formada por diputados y senadores. Esta comisión tendrá 30 días para dar su opinión. Si no lo hace en ese tiempo, el Presidente podrá seguir adelante con su selección.
Mientras tanto, tanto el ENARGAS y el ENRE seguirán cumpliendo con sus funciones habituales durante la etapa de transición, hasta que se formalice la estructura del ENRGE. Estas responsabilidades abarcan la fiscalización de las normas vigentes, la formulación de presupuestos, la elaboración del balance anual, la aplicación de sanciones y la administración de la tasa de inspección y control que financia su funcionamiento.
Desde el oficialismo defendieron la medida, que se implementó tras los cortes de gas en medio de la ola polar, al señalar que responde al objetivo «de mejorar la eficiencia del Estado, modernizar la regulación y optimizar el uso de los recursos públicos«.
En esa línea, fuentes oficiales aseguraron que la creación de un ente controlador único «permitirá eliminar estructuras duplicadas y fortalecer la coordinación regulatoria sobre servicios públicos esenciales como el gas natural y la electricidad».
MFN