La situación se repitió durante varios días, creciendo la tensión porque los efectivos decidieron armar un cordón y los residentes del lugar que llegaron a encadenarse.
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El conflicto tuvo repercusiones en el arco político:
- «No son tierras fiscales, no las puede vender el Estado», expresó la concejal electa por La Libertad Avanza, Mónica Alaníz
- «El Estado actúa como usurpador», remarcó la concejal justicialista Anahí Juárez
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Este jueves hubo novedades en torno al caso ya que la representante legal de la comunidad decidió realizar un recurso de inconstitucionalidad al rechazo del Habeas corpus previamente presentado.
Mientras esto ocurre, persiste el temor en los residentes del lugar.
Silvana Llanes, abogada, comentó al respecto: “La situación de Finca El Pongo está en alerta obviamente. Acá se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al rechazo que hace el juez Salvatierra infundadamente del habeas corpus, porque en realidad hay 121 policías que te entorpezcan el camino, que no te dejen pasar, que se te coarte la libertad ambulatoria, para el juez no es constitutivo de un habeas corpus. Entonces eso lo estamos discutiendo ahora ya en la Suprema Corte de la provincia, fundamentando obviamente de todas las afectaciones a los derechos y garantías constitucionales que tiene la familia de Griselda Ibáñez, ya que estaban dentro de su territorio y ellos fueron amedrentados, hostigados y amenazados por la administración de la Finca en Pongo.
“Cabe destacar que esta administración ya fue denunciada en enero del 2025 y el expediente es 246/2025, en donde hoy estamos a la espera de una medida enviada por el fiscal que envió a la OPD para que constate, verifique y certifique todos los dichos que nosotros manifestamos. Con el agravante de que lejos de que en la audiencia del habeas corpus esté presente el fiscal de esta causa, sorpresivamente tenemos a un fiscal que está en todas las causas que infundadamente intenta imputar o imputó a familiares y amigos que se encontraban dentro de la propiedad de Griselda lo cual es una mala fe procesal porque utilizó todos los datos de la presentación del habeas corpus para él hacer una imputación”, añadió la letrada.
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Eva Calisaya, de la comunidad de El Pongo, comentó: “El temor está latente, está presente todo el tiempo, no hay paz más cuando se trata de lo que se ha vivido de ponerte topadoras, de ponerte tractores con rastra y de tener que parar, salir al frente como comunidad como vecinos como los que estamos allá en el Pongo. Es fuerte, creo que no hay palabra tanta maldad que se está haciendo de parte del gobierno y de parte de todos los empleados del gobierno que te avasallan y te atropellan. Y la verdad que la angustia está todo el tiempo, vigilias en las noches, durante el día y resistiendo porque no sabemos en qué momento otra vez te van a ir a violentar, a atropellar con topadoras y máquinas”.
José Rosado, de la comunidad de El Pongo, añadió: “No son tierras fiscales, esas son tierras donadas por Plinio Zabala, entonces en la cual eso nos pertenece a nosotros los periqueños, y principalmente pertenece al hospital Arturo Zabala, en la cual tenemos una salita de auxilio y no tenemos un hospital como tiene que ser. Se derivó todas las cosas del hospital Arturo Zabala para Jujuy, para todo lado, menos a Perico. Nosotros no nos merecemos esto. Yo creo que el intendente Rolando Pascual Picoseco tendría que hacerse cargo de todo lo que estaba pasando ahí en Finca del Pongo, porque eso no le pertenece que vendan ni la provincia ni la ciudad, porque ellos fueron los entregadores de Finca del Pongo”.
comunidad finca el pongo