En la madrugada del viernes 6 de junio la Policía Bonaerense atropelló a Lautaro Abregú, un joven laburante de 22 años, acabando con su vida al instante. Fue con un patrullero a contramano, sin sirenas ni luces y a una gran velocidad por la Avenida Pasco en San Francisco Solano (Quilmes). Idéntico al asesinato en abril de Dylan Bustamante en Lanús, otro joven que asesinó la maldita policía.
Desde el comienzo el Poder Judicial y la Policía quisieron mantener la impunidad de los asesinos. Esa misma impunidad de la que alardean se vio la mañana de este viernes en el Juzgado de Quilmes, donde se manifestaron la familia y amigos, acompañados por estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y vecinos del barrio para exigir que cambien la carátula del caso, de “homicidio culposo” a “homicidio doloso”, lo cual implica que no fue un accidente sino que hubo una intencionalidad de parte de los efectivos.
El cambio de carátula es un primer triunfo de la movilización de la familia, que muestra que los tiempos judiciales se pueden acelerar con la movilización y organización desde abajo.
Ante la movilización al grito de “¡Justicia por Lautaro!”, la Policía no tardó en mostrar sus armas de fuego con supuestos efectivos que no estaban identificados y sus patrullas sin patente haciendo abuso de una autoridad aberrante. Es esa misma impunidad que sufren cientos de estudiantes y laburantes que son víctimas rutinarias de estos abusos de poder que no tienen fin.
Se sabe que la legalidad es ficción en un país donde el Poder Judicial responde a los intereses de los más ricos mientras garantiza la impunidad de quienes atacan a los más pobres. Pero es una provocación burda que se paseen por entre los manifestantes supuestos efectivos (o en todo caso, ciudadanos armados que cuidan las puertas del Poder Judicial), sin identificación y portando un arma en la cintura mientras sacan fotos y graban a la familia del joven asesinado a manos de sus compañeros de uniforme.
Los municipios del conurbano históricamente han reforzado su campaña por más presupuesto para la represión. Mayra Mendoza y todos los intendentes del conurbano llaman a que la juventud se ponga la gorra por un salario, incitando con el “sumate a la fuerza” como una simple salida laboral frente a los problemas de precarización y crisis a las que los mismos gobernantes nos acostumbran.
En Quilmes, donde el kirchnerismo muestra una de sus caras más “progresistas”, se ve cómo patrulleros pasan por arriba de la vida de los jóvenes.
Mientras la derecha de Javier Milei reprime todas las semanas a los jubilados y hace demagogia con el “delito” e inseguridad que sufren los vecinos, Fuerza Patria es la que sostiene a esta policía que reprime en los barrios, la que deja hacer y deshacer en las zonas liberadas, al narcomenudeo y a los grandes narcos (como los amigos de José Luis Espert).
Te puede interesar: Cárcel, balas y falopa: las relaciones peligrosas del diputado Espert
Te puede interesar: Cárcel, balas y falopa: las relaciones peligrosas del diputado Espert
Pero la respuesta de los municipios, en vez de combatir los problemas estructurales que genera el desempleo la precariedad y la miseria social, se centra en aumentar los presupuestos para estas fuerzas que hostigan la vida de la juventud. El aumento de la precariedad de la vida necesita del aumento de los uniformados para que la crisis social se contenga entre palos, represión y criminalización.
Estos hechos aberrantes con la juventud tienen como antesala discursos que envalentonan a las fuerzas represivas que ven como enemigo a la juventud pobre de los barrios del conurbano. Desde el gobierno nacional con sus policías pegando a los jubilados todos los miércoles o la Bonaerense que sigue asesinando jóvenes en los barrios y en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires. La familia de Lautaro y de todos los jóvenes asesinados muestran que no hay que confiar en las policías, el sistema judicial ni los partidos del régimen, sino en su propia organización y lucha.
Replicamos el pedido de la familia, que exigen justicia por Lautaro y denuncian a Martín Mariescurrena, Nicolás Ledesma y Verónica Alejandra Jiménez como los responsables y cómplices del asesinato del joven de 22 años.