La Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU desmintió al gobierno de Javier Milei luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciara un supuesto acuerdo salarial y un aumento del 7,5% para docentes y no docentes de las universidades públicas. La CONADU advirtió que tal acuerdo no existe, aseguró que se trata de una «mentira» y ratificó el paro que llevan adelante hasta este viernes.
En medio de un paro que se extenderá hasta el viernes y diez días después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, la administración libertaria, a través de un comunicado de la cartera que conduce Pettovello, anunció este miércoles un aumento que será otorgado entre septiembre y noviembre. Sin embargo, desde la CONADU sostienen que esto no es así.
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Javier Milei con la motosierra.
Su Secretario General, Carlos De Feo, explicó que en realidad se trata del acuerdo firmado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que contempla «1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo». «Como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%», agregó.
Además, detalló que lo único que cambió ahora es «el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las dedicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250″
«Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”, manifestó De Feo.
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Sandra Pettovello y Javier Milei
En ese sentido, el Secretario General de la CONADU concluyó que «lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha que incluye una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”.
El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU había resuelto a fines de julio una semana completa de paro, hasta el viernes 15 de agosto, y paros rotativos de 48 horas a lo largo de las semanas posteriores, con el objetivo de llegar a una tercera gran Marcha Federal Universitaria hacia fines del mes de agosto.
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Ajuste a las universidades
El gobierno de Javier Milei anunció un supuesto aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre. Además, habrá adicionales «excepcionales» de $25.000 por cargo, que será asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.
Mientras el gobierno libertario avanza con su ajuste a las universidades públicas, a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, desde la Casa Rosada destacaron que con esta decisión se consolida una «política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo» de las universidades y destacaron que en 2024 «se asignaron fondos adicionales por más de 23 mil millones de pesos para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias».
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En tanto el miércoles, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, presentado por los rectores de las universidades nacionales en mayo de este año. Milei ya anticipó que vetará el proyecto en caso de que el Senado lo convierta en ley.
Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones -a un voto de los dos tercios-, la Cámara baja aprobó el proyecto que establece la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de 10 mil millones de pesos, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas
Aún resta el tratamiento del proyecto por parte del Senado, en el que la oposición legislativa contaría con la mayoría para convertir en ley la iniciativa universitaria.
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