Un pronunciado silencio hay en torno a la causa que investiga hechos de corrupción en el Juzgado Contravencional Nº 1, que tiene entre otras personas, al ex juez Matías Ustarez investigado e imputado por «incumplimiento a las deberes del funcionario público».
En este sentido, la abogada Alejandra Cejas dialogó con Radio 2 y brindó fuertes declaraciones apuntando sobre todo a la falta de transparencia con la que estas instituciones se manejaron al cabo de 9 años, haciendo foco en el destino de cuantiosas sumas de dinero que ingresaron por las multas realizadas.
«En principio las causas están en investigación y en el caso nuestro que hemos sido denunciantes, no hemos tenido todavía notificaciones respecto de qué avances habrían. Se ha pedido poder incorporarnos para saber cuál va a ser el destino de esta causa contra la situación del contravencional que entendemos que es muy grave, más allá de la afectación personal de quien represento y estamos en instancias judiciales que se dilatan. Esto pasa generalmente cuando son casos que representan o implican algún problema para el gobierno«, dijo la abogada, agregando que «entiendo que no solamente el gobierno, sino el MPA tienen que dar explicaciones respecto a lo que viene sucediendo con este tema. Hay una afectación patrimonial indeterminada a vecinos de la provincia de Jujuy. No podría especificar la cantidad y me parece que también hay una cuestión política que se va a tener que resolver, que las erogaciones de los ingresos y egresos que se han tenido desde estos órganos que son de colecta de recursos públicos, que son las multas. Cuál ha sido la cantidad recaudada. Estamos hablando del 2016 hasta el 2025. Son 9 años. No alcanza con que se diga que se está haciendo ahora una auditoría. El problema es qué ha pasado con todas las multas que se han recaudado desde el 2016 a la fecha en los juzgados contravencionales y cuál es el destino del mismo. Presupuestariamente se ha pedido que esto se informe, y no hay informes ni siquiera en los presupuestos provinciales de cuánto era lo estimado que se recaudaba».
Embed – Duros cuestionamientos a los Juzgados Contravencionales y el destino del dinero durante 9 años
La letrada además indicó que en su carácter de representante de algunos multados que cuando consultaban sobre los destinos del dinero pagado, les «contestaban que con la plata se hacían donaciones y aparecían osos gigantes. Aparecían donaciones de bienes insignificantes, con un trabajo más político, que institucional. Uno veía a diputados, funcionarios, el mismo Morales, haciendo entrega de donaciones que hacían los contraventores y que supuestamente pagaban con osos. Y la verdad, es que sabemos los que hemos tenido alguna multa que pagar, es que nunca uno va a pagar con osos. Eso se pagaba con plata».
Además, expuso que en el caso de los pagos «no hay facturas dadas de manera formal. O sea, yo siempre digo que invito a quienes hoy están escuchando la nota, a que presenten las facturas legales que tienen que emitir, como lo hace por ejemplo Rentas. Porque esta plata, no ingresaba a Rentas Generales, no se hacía el pago por Rentas Generales o no se hacía el pago con la consignación del expediente de ese efectivo, como se hace en el Poder Judicial. Acá se paga y te dan comprobantes de billeteras virtuales. Que no se sabe cuáles son las cuentas, no se ven en los expedientes. O por lo menos de los expedientes que se han chequeado. No se ven que hayan facturas que acrediten los pagos y menos, insisto, no te dan facturas por entregar un oso como pago«.
Manifestó además la preocupación por la «falta de rendición de cuentas, que no es un tema menor, la falta de control de los ingresos públicos«, recordando que «el ámbito contravencional estaba en el poder judicial hasta el 2015. Y esto lo veía un juez designado conforme a la Constitución. Cuando asume Morales saca una ley y dice que el contravencional pasa al Ministerio de Seguridad y lo maneja un empleado administrativo del gobierno político, que responde al poder ejecutivo. Y desde el 2016 hasta acá se vino planteando que había abuso por parte justamente de este órgano administrativo, imponiendo normas penales bajo pautas administrativas. Esto es una discusión que se ha dado incluso te diría en todo el país. La doctora Vargas ya hizo planteos de inconstitucionalidad y entiendo que hay otros tres colegas que ya lo hicieron desde el 2016 que vienen recurriendo a la justicia y de hecho la justicia hasta el día de hoy no se ha pedido respecto a la inconstitucionalidad de este codigo contravencional. Y ahora se le suma estas graves irregularidades ya detectadas y constatadas, por lo menos por esta parte, de que no hay conocimiento, ni se ha brindado información que lo tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que informar, para eso tiene pautas publicitarias y por eso tiene el deber y la obligación de informar qué es lo que pasa cuando los ciudadanos ponemos plata para supuestas multas. Entonces, es muy grave la situación porque estamos hablando de casi 9 años de irregularidades y no alcanza con una auditoría».
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Foto: Alejandra Cejas.