Dos efectivos policiales de la localidad de Sáenz Peña, fueron expulsados de la fuerza este viernes por estar acusados de abusar sexualmente de una joven a la que debían proteger en un caso de violencia de género.
Fue el propio gobernador de la provincia quien firmó recientemente el decreto que destituye con calificación de cesantía a los cabos H.O.C. y E.J.G., tras comprobarse en sede administrativa y judicial que ambos participaron del abuso sexual.
El hecho ocurrió el 27 de agosto de 2022 e involucró a los cabos H.O.C. y E.J.G. Ambos debían trasladar su domicilio a una mujer que había sido agredida por su expareja, pero en el trayecto desviaron de camino y la violaron.
La víctima se había presentado inicialmente en la dependencia local de Gendarmería Nacional para pedir ayuda tras ser víctima de violencia de género. Desde allí fue trasladada por un móvil de la Comisaría Sexta, donde radicó la denuncia y fue examinada por el médico policial.
El ataque sexual se produjo cuando los dos agentes involucrados recibieron la orden de trasladarla hasta su domicilio, pero en el trayecto se desviaron del recorrido oficial y la llevaron hacia una zona descampada detrás de Gendarmería, donde finalmente la sometieron bajo amenazas de arma de fuego.
La mujer logró grabar parte del episodio y enviar un audio a un contacto antes de que uno de los policías le quitara el teléfono. Horas después, la dejaron frente a su casa y uno de ellos, según la declaración judicial, le dijo: “Vos tenés que cuidarte, sos linda por fuera y por dentro”.
La Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Sáenz Peña ordenó la detención de ambos el 30 de agosto de 2022. Los dos fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de funcionarios policiales, delito previsto en el artículo 119 del Código Penal.
Durante la instrucción, la División Investigaciones Complejas verificó mediante GPS que el móvil PT-454, asignado a la Comisaría Sexta, se había desviado del recorrido oficial en el horario denunciado. Además, las pericias de ADN confirmaron la presencia de material genético de ambos agentes y de la víctima en las muestras recolectadas.
Los efectivos se abstuvieron de declarar tanto en la causa penal como en el sumario administrativo, por lo que fueron cesanteados bajo la figura de faltas gravísimas contra el honor policial, conforme el Reglamento del Régimen Disciplinario.
El decreto provincial remarca que “los funcionarios policiales asumen una posición de garante en virtud de su rol de protección” y que las acciones cometidas “constituyen una afrenta a la dignidad humana y un profundo desprestigio para la institución”.
La Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad, la Asesoría General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Legales de la Policía del Chaco coincidieron en la gravedad del caso y en la necesidad de aplicar la sanción más severa.
La causa penal se encuentra elevada a juicio, donde los dos exagentes deberán responder ante la Justicia.