Embed – «Matías Ustarez era el jefe de la asociación ilícita», expresó el único detenido de la causa
“En esa cuenta ingresaban fondos que provenían del pago de multas o de los remates de vehículos y animales. Se creaba una cuenta paralela a la de la DGA —Dirección General de Administración— y ese dinero nunca entraba a las arcas del Estado”, declaró el ex empleado.
Las maniobras, detalló, contaban con autorizaciones que “subían hacia arriba”, implicando al menos el Ministerio de Seguridad, desde donde debían aprobarse los remates.
“Para hacer un remate de motos o animales se necesitaba la autorización del ministro de Seguridad. Todo el trámite se hacía para arriba”, relató.
Pero el punto más oscuro aparece al mencionar los convenios con el Ministerio de Ambiente, cartera a cargo de María Inés Zigarán, actual candidata a diputada nacional.
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“Se realizaron convenios entre el Ministerio de Ambiente y el Juzgado Contravencional para que ellos puedan realizar actas contravencionales. Yo tengo el número de expediente de esas actas y el monto que se pagó. Tampoco entraba esa plata a la DGA, sino al CBU, a la cuenta paralela”, afirmó.
El ex empleado también señaló que desde las redes del Ministerio de Ambiente “salían las donaciones” realizadas bajo estos convenios, mientras que la única autoridad de aplicación para realizar actas contravencionales debía ser la Policía, no otros organismos.
“Todos los entes que vinieron después eran para recaudar dinero”, advirtió.
La denuncia desnuda un sistema de recaudación ilegal que habría funcionado al amparo de las instituciones del propio Estado. Una caja paralela, con aval político y judicial, que operó mientras los organismos de control miraban hacia otro lado.
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Hoy, con la causa judicial en marcha y el ex juez Ustarez imputado, las declaraciones del denunciante abren una nueva línea de investigación que amenaza con salpicar a más funcionarios.
El silencio del Ministerio de Ambiente, por ahora, retumba más que cualquier explicación.
Embed – ¡Es un escándalo! El gobierno reconoce que «se borraron» pruebas del caso Ustarez