A raíz de esto, la abogada Silvana Llanes, indicó que solicitaron que se declare la desobediencia judicial en la causa. “El pasado 8 de octubre se realizó una inspección ocular donde participó el Ministerio Publico Fiscal Federal, Gendarmería Nacional, Criminalística, Fiscalía de Estado. Y los que nos llamó la atención es que se presentó un grupo manifestando ser querella por ser la nueva comisión o comunera de Caspalá. Esta maniobra fraudulenta nosotros ya sabíamos que se venía gestando por parte de la comisionada municipal, Rosa Apaza.”
Embed – Piden declarar la desobediencia judicial en la causa Caspalá
También aclaró que la justicia rechazó esta supuesta nueva presidencia de la comunidad de Caspalá. “Se rechazó la nueva presidencia porque, evidentemente, existe una discrepancia. Lo llamativo es que el procurador que representa al Estado Provincial en las audiencias, el Dr. Albesa, sostuvo como verídico y fáctico que ya no se reconocía a Lucía Apaza, sino a la nueva autoridad, en virtud de que la Secretaría de Pueblos Indígenas así lo establece. Según él, el gobierno debe acatar ese acto administrativo. Sin embargo, desde nuestra parte se planteó que existe otro acto administrativo emitido por la misma entidad que sostiene lo contrario. Ante esto, el procurador respondió que lo posterior tiene validez sobre lo anterior. Frente a esa afirmación, se dejó en claro que ese punto no sería objeto de discusión en la audiencia.”
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Además agregó: “Lo cierto es que existe un convenio aprobado con fecha 20 de noviembre de 2024, el cual debía cumplirse y hacerse efectivo el 8 de febrero de 2025. En dicho convenio, el gobierno se comprometía a entregar a los integrantes de la comunidad, al pueblo de Caspalá, la cancha en perfectas condiciones: con las tribunas reparadas, los vestuarios en funcionamiento y el muro de contención arreglado. Nuestra principal preocupación radica precisamente en ese muro de contención, que se encuentra cada vez más deteriorado. Este deterioro es una consecuencia directa del uso de maquinaria pesada durante las obras realizadas en la cancha, tanto en la construcción inicial como en las posteriores modificaciones. Al intervenir nuevamente el terreno, cambiaron la disposición de la cancha y provocaron nuevos destrozos.”
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También solicitaron que ante el incumplimiento y desobediencia, se apunte a los responsables: «Instando la acción penal contra los máximos responsables de la destrucción, de la violencia institucional y de los graves e irreparables daños cometidos contra el pueblo de Caspalá. Señalamos que el principal responsable de haber iniciado y ejecutado gran parte de estos hechos es el exgobernador Gerardo Morales, contra quien ya hemos presentado la denuncia correspondiente. Sin embargo, los efectos del delito continúan vigentes, especialmente ante los manifiestos incumplimientos y la desobediencia judicial que hoy recaen sobre el actual gobernador, Carlos Sadir. Durante la audiencia dejamos claramente asentado que instamos la acción penal por esta desobediencia judicial, dado que —como reiteramos— las consecuencias del delito persisten y se siguen cometiendo nuevos actos ilícitos. Es inaceptable que se utilice todo el aparato estatal para dilatar, entorpecer y evitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.»
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Foto: Construcción de una escuela en Caspalá.
