La causa por la obra de la escuela secundaria en la localidad de Caspalá sumó un capítulo clave. El Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, dictaminó que corresponde rechazar el planteo de inhibitoria formulado por el juez penal provincial y que la investigación continúe en el fuero federal.
El incidente, se originó cuando el juez penal Fernández de San Salvador de Jujuy solicitó al Juzgado Federal N°2 que se apartara del expediente, bajo el argumento de que los fondos nacionales, una vez ingresados al patrimonio provincial, dejaban de configurar materia federal.
Sin embargo, en su dictamen ante la Procuración General de la Nación, Casal fue contundente: sostuvo que no se trata de una transferencia correctamente integrada y luego mal utilizada, sino de una maniobra de engaño directo a autoridades nacionales para obtener financiamiento.
Engaño a la Nación y documentación falsa
Según surge de la acusación fiscal, funcionarios provinciales habrían presentado documentación falsa ante el Ministerio de Educación de la Nación para acceder a fondos destinados a infraestructura escolar.
El proyecto contemplaba la construcción de una escuela secundaria en Caspalá, departamento Valle Grande, financiada por un programa nacional. Pero el terreno elegido era utilizado por la comunidad local —incluyendo integrantes del pueblo indígena kolla— como espacio deportivo y recreativo, situación que lo volvía no elegible para el financiamiento.
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De acuerdo al dictamen, uno de los funcionarios imputados habría consignado falsamente en un formulario oficial que en el predio no existía población indígena ni actividades que pudieran verse afectadas por la obra. Esa declaración habría permitido la aprobación del proyecto y el giro de fondos nacionales, con los que incluso se pagaron certificados de obra antes de la suspensión por la resistencia comunitaria.
Casal subrayó que la conducta investigada “atenta contra el buen desempeño de las autoridades del gobierno nacional, con perjuicio directo a sus rentas”, lo que —según su opinión— habilita la competencia federal y deja sin sustento el planteo del juez provincial.
Llanes: “El dictamen confirma el engaño”
En diálogo con Radio 2, la abogada Silvana Llanes, querellante en la causa, sostuvo que el dictamen del Procurador “es claro en cuanto a que corresponde rechazar la inhibitoria” y remarcó que los fundamentos utilizados por el juez provincial eran “infundados”.
Embed – Caspalá: dictaminaron que debe rechazarse la inhibitoria y respaldaron la competencia federal
“La maniobra no fue un simple manejo posterior de fondos, sino un engaño directo al Estado nacional mediante información falsa”, afirmó.
Llanes consideró que, por los antecedentes del expediente y las instancias revisoras que ya intervinieron, la Corte Suprema de Justicia de la Nación difícilmente adopte un criterio distinto. “Es un dictamen muy importante que respalda lo que venimos sosteniendo desde el inicio”, señaló.
Posibles nuevas imputaciones y responsables políticos
La letrada también planteó la posibilidad de una profundización de la investigación. A su entender, la maniobra administrativa descripta no podría haberse concretado sin la participación o el conocimiento de niveles superiores de decisión.
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“Vamos a trabajar para que se imputen a otros actores necesarios para que estos hechos se dieran, incluso responsables políticos”, adelantó, al sostener que no se puede desconocer la falta de requisitos esenciales, como la garantía que debía presentar la empresa contratista.
Violencia institucional y comunidad kolla
Además del aspecto económico y administrativo, Llanes recordó que el conflicto en Caspalá estuvo atravesado por denuncias de violencia institucional contra integrantes de la comunidad indígena.
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Según indicó, existen presentaciones vinculadas a presuntos hechos de violencia contra mujeres y miembros del pueblo kolla que —afirma— no fueron debidamente investigadas por la justicia provincial.
Mientras se aguarda la resolución de la Corte sobre la cuestión de competencia, el dictamen del Procurador representa un respaldo institucional relevante para que la investigación continúe en el ámbito federal y avance sobre las presuntas maniobras fraudulentas, el perjuicio a las rentas nacionales y las eventuales responsabilidades políticas en el caso Caspalá.