El futuro de la Ley de Glaciares (26.639) vuelve al centro del debate ante el proyecto de reforma impulsado por el Gobierno en sesiones extraordinarias, que busca flexibilizar protecciones para habilitar minería en zonas periglaciares y ya cuenta con dictamen de comisión para su tratamiento en el Senado. A causa de ello, el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que “La mineria es necesaria, pero se puede hacer sin afectar los glaciares”, y sostiene que modificar la norma podría poner en riesgo reservas hídricas estratégicas y la sostenibilidad a largo plazo.
El ambientalista y experto en conservación argentino, Manuel Jaramillo, es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, la principal organización conservacionista del país y representante de la Organización Mundial de Conservación (WWF) en Argentina. Ingeniero forestal de profesión, ingresó a la fundación en 2004 y desde enero de 2017 dirige esta ONG dedicada a la protección de la naturaleza, el uso sustentable de los recursos y la promoción de políticas ambientales basadas en evidencia científica.
Pregunta obvia: ¿cuál es su criterio sobre el problema de la ley de Glaciares?
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Realmente la ley de glaciares no tiene ningún problema. El inconveniente es que por un muy poco requerimiento espacial queremos modificar una ley que impacta sobre el 36% del territorio nacional.
Básicamente, la ley de glaciares prohíbe la actividad minera e hidrocarburífera en ambientes glaciares y periglaciares. Estos ambientes están siendo científicamente determinados por el IANIGLA, que es el instituto nacional con facultades para hacerlo. Y lo que se prevé tratar mañana es una ley que, se dice, devuelva a las provincias la posibilidad de definir cuál es el ambiente glaciar y periglaciar y desafectar ese ambiente para entregarlo a la minería, cuestión que creemos que no es necesaria. La minería es posible, necesaria y deseable en Argentina, pero puede desarrollarse sin impactar el ambiente glaciar o periglaciar.
¿Y cómo se lograría considerar esos dos elementos, la necesidad de producir desarrollo económico y al mismo tiempo darle sustentabilidad ecológica? ¿Cómo lo plantea usted? ¿Cuáles serían los lugares que quedarían excluidos? Si finalmente son una pequeña minoría, ¿cómo propone resolver el dilema entre dos alternativas plausibles?
Sí, es una cuestión de proporciones. El inventario que hizo el IANIGLA, que identifica poco menos de 17.000 glaciares y espacios de ambiente periglaciar, implica solo el 1% de la cordillera de los Andes. La minería tiene el 99% restante para desarrollarse sin afectar.
Creo que la expectativa del desarrollo minero, por más amplia y necesaria que sea, dependiendo justamente de estos minerales para la transición energética, puede prescindir de ese 1% que los glaciares requieren para seguir asegurando la existencia de agua para el 36% de la superficie del país, que tiene cuencas hidrográficas dependientes de sistemas glaciarios para más de 7 millones de personas y para producciones clave de las economías regionales como la vitivinícola, la agrícola y la ganadera. Simplemente pedimos eso: respetar ese 1% de la cordillera de los Andes y que el desarrollo minero necesario y deseable para la recuperación económica ocurra cumpliendo no solo la ley de glaciares, sino también las demás normas ambientales vigentes, que son muy buenas.
El ejemplo, repetido y vulgar, es que tenemos la misma cordillera que los chilenos. Ellos exportan 50.000 millones de dólares en minerales y nosotros el 10% de eso. Mi pregunta es: ¿existe de ambos lados esa misma inhibición del 1%? Es decir, ¿no es esta ley la que ha frenado el desarrollo de la minería en la Argentina como sí ocurrió en Chile?
Sí, por supuesto. Yo tuve la posibilidad de estar en el Senado cuando se dictaminó el proyecto que está vigente y que sería el que ingrese mañana al recinto. Está previsto introducirle muchas modificaciones. Hemos visto diferentes pliegos circulando. Pero hay que tener en cuenta esto: el sector minero le adjudicó a la ley de glaciares la responsabilidad total de la falta de desarrollo minero en Argentina. No creo que esto sea, en primer lugar, una falacia. En Chile, no soy especialista en temas mineros, quiero aclararlo, y mucho menos en temas trasandinos, pero el modelo económico ha permitido el desarrollo minero por diferentes variables que hoy están ausentes en Argentina: la estabilidad jurídica, la posibilidad de recuperar las inversiones y extraer capitales. Hay distintos factores que han favorecido el desarrollo minero chileno, y eso no puede atribuirse a la ley de glaciares como causa.
También quisiera señalar que Chile ha sido más adecuado en la implementación y el cumplimiento de la legislación que Argentina. Esto es, si se quiere, un juicio de valor. La primera vez que fui a Chile me sorprendió que, al poner el pie en la senda peatonal para cruzar la calle, todos los autos frenaran. Fue hace 40 años y creo que desde entonces esa diferencia cultural se mantiene. La normativa ambiental chilena es distinta a la nuestra, contempla otros criterios y cuenta con organismos de fiscalización y control que, así como los carabineros tienen fama de estrictos, también la tienen esas instituciones. Es una cultura distinta, un patrón diferente.
Es un fenómeno multicausal y seguramente el factor principal tenga que ver con la macroeconomía. Mi pregunta es: ¿existe también en Chile una ley de glaciares que impide intervenir el 1% del total de la cordillera o no existe?
No, en Chile no hay una ley de glaciares. De hecho, la ley de glaciares, cuando logró su sanción —dos veces, porque fue vetada y luego vuelta a proponer, y la Corte Suprema determinó su constitucionalidad— se transformó en una norma emblemática y pionera en Latinoamérica. Chile cuenta con otra normativa mediante la cual protege el agua y los glaciares, pero no a través de una ley de presupuestos mínimos como en Argentina. La institucionalidad chilena es distinta: el Estado no es federal, por lo cual el manejo de las variables ambientales y de la actividad minera responde a otra lógica.
En síntesis, de mantenerse la actual ley de glaciares, ¿no se verían afectadas todas las inversiones del RIGI en cobre, litio, oro y plata? No sería necesario modificar la ley para que se lleven adelante estos desarrollos y planes ya preacordados, y algunos ya acordados, del RIGI. Aquí lo que sí llamaría la atención es que, si existe algún plan acordado o preacordado que no respeta la ley vigente, entonces hay un problema, pero no de la ley de glaciares, sino de haber concebido un desarrollo que viola una norma en vigor. ¿Pero usted tiene información de que alguno de esos planes del RIGI viola la ley de glaciares?
No, insisto, no quisiera entrar en un detalle específico, pero muchas organizaciones han denunciado, incluso con imágenes, la apertura de caminos de exploración en áreas glaciarias y periglaciarias en contravención de la ley vigente. Entonces, lo que parecería es que este intento de reforma busca blanquear procesos de desarrollo minero acordados o preacordados, esperados con ansias, pero que incumplen la legislación actual. Se intentaría adecuar la norma para acomodarla a nuevos proyectos.
Y quiero llamar la atención sobre esto: se trata de muy pocas provincias de la cordillera de los Andes, pero el impacto negativo podría extenderse a todas, incluso a aquellas que sostienen un desarrollo minero responsable y han avanzado en la mejora de sus prácticas. Si esto ocurre y se desata una alerta internacional, podría afectar la imagen del sector en todo el país, porque terminarían pagando justos por pecadores cuando surjan reclamos y advertencias, de organismos internacionales vinculados a la fiscalización y al comercio.
¿Cuáles son esas provincias responsables y cuáles considera que podrían no serlo?
Es un juicio de valor complejo, pero básicamente San Juan y Mendoza son las provincias que hoy impulsan el cambio de la ley de glaciares, porque allí existen proyectos controversiales, en ejecución o en expectativa. Las demás provincias, aunque enfrentan problemas con el litio, la modalidad de extracción y el impacto en las comunidades locales, han encarado el desarrollo minero bajo procesos de mejora continua que aún mantienen deudas con la sociedad y el ambiente, pero buscan avanzar hacia una minería responsable. No digo sustentable porque, al tratarse de un recurso natural no renovable, la sustentabilidad queda limitada.
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Sin embargo, puede ser responsable, responder a necesidades sociales y al desarrollo económico sin generar un daño ambiental irreversible o remediando los impactos que produzca y, sobre todo, canalizando los recursos obtenidos hacia una nueva economía basada en recursos renovables, de modo que, una vez concluida la actividad minera, las comunidades cuenten con un desarrollo real.
MV