La indignación en las filas de la Policía de Jujuy ha llegado a un punto de no retorno. En medio de un clima de extrema tensión que se dio hace pocos días por reclamos salariales, ha salido a la luz una maniobra que pone bajo la lupa la transparencia del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) y del propio Ministerio de Seguridad.
Según denuncias anónimas de integrantes de la fuerza y familiares de efectivos activos, se habría orquestado un mecanismo de «vía rápida» para permitir el ingreso de parientes y allegados de la cúpula policial al escalafón administrativo.
El detonante es la Resolución N° 000038-MS/26, firmada el pasado 23 de enero, que convalida una «Estructura de Nivelación y Capacitación Policial Básica» diseñada específicamente para este fin.
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La disparidad en las exigencias es lo que más golpea la moral de los uniformados. «Para ser suboficial tenés que estudiar 2 años, y para oficial entre 3 y 4 años. Estos chicos, por ser ‘hijos de’, hicieron un curso de dos semanas y ya los tenés trabajando en el 911 o el Juzgado Contravencional», denunció un efectivo bajo estricto anonimato por temor a represalias.
Este «curso relámpago» —que oficialmente se denomina como un proceso de nivelación para «salvaguardar la seguridad jurídica»— habría carecido de convocatoria pública y publicidad oficial, manejándose casi como un trámite privado entre la Jefatura y el Ministerio.
Nepotismo bajo la lupa
Las miradas apuntan directamente a quienes diseñaron el proyecto: un comisario y un sub comisario, cuyos nombres figuran en el documento oficial como los formuladores de esta estructura de ingreso diferenciada.
Sobre ellos recaen ahora los cuestionamientos de los efectivos que, en los pasillos de las comisarías, hablan de una irregularidad grave que vulnera los principios de igualdad y transparencia.
Hasta el momento, el Gobierno provincial ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el listado de los ingresantes. La sociedad jujeña y las propias filas policiales exigen respuestas claras, de por qué se habilitó una vía de excepción para unos pocos mientras cientos de jóvenes son rechazados anualmente por cupos limitados.
La seguridad pública y la confianza en sus instituciones vuelven a estar en jaque.