Casas explicó que el expediente tuvo un extenso recorrido que comenzó en la órbita provincial, pero que fue escalando a instancias federales a partir de la intervención de funcionarios nacionales. En ese contexto, la Corte Suprema ordenó revisar aspectos clave del planteo, especialmente aquellos vinculados al origen de los fondos y al rol de los organismos de control.
Embed – SOBREMESA 19-03-26Dr. Vicente Casas, Constitucionalista
“El planteo de los propios defensores introduce un elemento central: no solo se trata de fondos nacionales, sino de la posible responsabilidad de funcionarios de la Nación que no cumplieron con sus deberes de control”, señaló. Entre ellos mencionó a José López y Germán Nivelo, quienes, según indicó, habrían sido indagados pero sin una investigación posterior profunda.
A partir de ese análisis, la Cámara de Casación resolvió en diciembre de 2025 que la causa debía tramitar en el fuero federal de Buenos Aires, específicamente en el juzgado criminal y correccional federal N°10. Para Casas, esa decisión fue determinante y dejó sin margen de acción a la Justicia provincial.
“Cuando Casación define la competencia federal, el juez de Jujuy ya no tenía jurisdicción para seguir interviniendo. Por eso, la resolución de sobreseimiento dictada meses después es, desde el punto de vista jurídico, inexistente”, afirmó.
El constitucionalista fue más allá y explicó que, en términos técnicos, no se trataría solamente de una nulidad, sino de un acto sin validez alguna. “Es como si lo firmara cualquier persona sin competencia. No produce efectos jurídicos”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó los tiempos y la oportunidad de la decisión judicial. “Si esa resolución iba a dictarse, ¿por qué no se hizo hace cinco años? ¿Por qué después de una década de trámite y justo cuando la causa pasa a la órbita federal?”, planteó, sugiriendo que existe una preocupación política detrás de estos movimientos.
En esa línea, advirtió que la causa ahora se reactivará en Buenos Aires, donde el juez federal deberá analizar qué actuaciones del proceso previo conservan validez y cómo avanzar con la investigación. También consideró poco probable que la causa esté prescripta, ya que los distintos actos procesales habrían interrumpido los plazos legales.
Casas también puso el foco en la falta de investigación sobre los organismos nacionales que debían ejercer control. “Hay menciones concretas a responsabilidades que no fueron analizadas en más de diez años. Eso es lo que ahora se intenta reconstruir”, indicó.
Finalmente, el abogado vinculó el desarrollo judicial con el contexto político y social de la provincia. Señaló que existe una creciente preocupación en distintos sectores y advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones tiene en la institucionalidad. “La política tiene que resolver sus problemas, porque cuando no lo hace, se resiente la convivencia social”, expresó.