Una diputada nacional solicitó la investigación de préstamos hipotecarios otorgados a legisladores y funcionarios, para determinar posibles irregularidades en su concesión.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal solicitando que se investigue si existieron irregularidades o delitos, como tráfico de influencias o administración fraudulenta, en el otorgamiento de préstamos del Banco Nación a legisladores, funcionarios y personas vinculadas al gobierno nacional. La denuncia se suma a un pedido de informes parlamentario previo.
En su escrito, la legisladora señaló que los montos recibidos por los funcionarios no se corresponderían con sus ingresos ni con su capacidad de pago, lo que podría implicar fallas en la evaluación de riesgo crediticio que exige el Banco Central. Frade pidió que se revisen los legajos crediticios, las actas del banco y que peritos determinen si hubo condiciones irregulares o perjuicio para la entidad.
La información sobre los beneficiarios se difundió a través del sitio web ‘¿Cuánto deben?’, que utiliza datos públicos de la Central de Deudores del BCRA. Según ese registro, entre los que accedieron a créditos se encuentran los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero, así como funcionarios del Poder Ejecutivo como Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira.
Al conocerse la información, algunos de los nombrados se manifestaron. El diputado Alejandro Bongiovanni afirmó en redes sociales que el crédito fue otorgado bajo las condiciones generales para cualquier cliente, negó que su otorgamiento estuviera vinculado a su cambio de bancada y atribuyó las acusaciones a una intencionalidad política. Por su parte, el diputado Mariano Campero calificó la acusación como ‘maliciosa’, aclaró que el préstamo fue para comprar su primera vivienda y sostuvo que se tramitó en los mismos términos que para el público general.