Los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fueron imputados por fiscales federales por presuntos delitos de abuso de autoridad y manipulación de causas vinculadas a investigaciones por evasión fiscal.
Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián imputaron a los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Los cargos están relacionados con su actuación en dos causas del denominado caso «Bunge», que investiga presuntas evasiones fiscales millonarias.
Según la acusación, los camaristas habrían coordinado maniobras para manipular la integración de las salas del tribunal, violando la ley y el reglamento, con el objetivo de favorecer a imputados y lograr fallos de falta de mérito. En una de las causas, se señala que Sánchez Torres habría emitido un voto en apenas un minuto, resultando en una falta de mérito por unanimidad para uno de los investigados.
Además, Sánchez Torres enfrenta una imputación adicional por lesiones graves calificadas, por un episodio de violencia de género contra una secretaria que se negó a firmar un certificado para la integración de una sala.
Los fiscales destacaron en su requisitoria que Montesi y Sánchez Torres son pareja, un dato conocido en el ámbito judicial cordobés, y que habrían actuado de manera coordinada. El esquema, según la acusación, habría apuntado a conseguir la impunidad de sectores del poder económico-empresarial.
El caso «Bunge» comprende las causas «Padilla» y «Humanes». Tras las maniobras cuestionadas, uno de los imputados obtuvo falta de mérito, mientras que el otro fue finalmente procesado luego de que una camarista cuestionara la integración irregular de la sala y no se lograra la mayoría necesaria para un fallo favorable.