Dos nuevas presentaciones judiciales buscan restablecer las funciones originales del Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuestionando la constitucionalidad del decreto que modificó su régimen.
A más de dos años de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, un grupo de productores yerbateros y asociaciones agrarias de Misiones presentaron dos acciones judiciales en el Juzgado Federal de Posadas. El objetivo es restituir las funciones originales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyo cambio de facultades, según los actores, generó crisis en los eslabones primarios de la cadena.
Los expedientes solicitan que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos del DNU referidos al sector yerbatero (164 a 168) y, mediante una medida cautelar, se ordene la suspensión inmediata de su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Los actores argumentan que el Poder Ejecutivo utilizó un instrumento excepcional para modificar sustancialmente el régimen institucional establecido por la Ley 25.564 de creación del INYM, sancionada por el Congreso en 2002.
Esta iniciativa judicial replica una medida similar presentada en enero de 2024, poco después de la vigencia del decreto. En aquella oportunidad, el gobierno nacional mantuvo al organismo en un estado disfuncional hasta que la medida cautelar dejó de regir en octubre de 2025, avanzando luego con modificaciones más profundas.
Los firmantes de las nuevas presentaciones son productores y dirigentes representados por Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná), Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), Edgar Gustavo Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones) y Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay). Su patrocinio legal está a cargo del abogado José Federico Padolsky.
Además de la acción principal de inconstitucionalidad, se presentó una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados y de normativas derivadas, como el decreto 812/2025 (que reglamenta y profundiza las modificaciones) y la resolución 152/2025 del INYM, destinada a desvincular personal técnico del organismo. El planteo también cuestiona el decreto 70/2025 por «falta de motivación», argumentando que los fundamentos del capítulo yerbatero en el DNU original son «abstractos e indemostrables».
La Justicia Federal deberá ahora definir si el plan dispuesto por el gobierno nacional a través de decretos es constitucional o si, por el contrario, debe restablecerse el régimen legal anterior para el sector yerbatero.