La entidad bancaria, principal acreedora, comunicó formalmente al juez su decisión, argumentando que la oferta no cumple con las condiciones mínimas de plazo y carga financiera, lo que pone en riesgo el acuerdo preventivo y la continuidad de la empresa.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) comunicó formalmente al juez Civil y Comercial de Reconquista su rechazo a la propuesta de pago presentada por Algodonera Avellaneda S.A. en el marco de su concurso preventivo de acreedores. La entidad, representada por su apoderada, Dra. Eleonora Sartor, fundamentó la decisión en que la oferta no reúne las condiciones mínimas de plazo y carga financiera exigibles.
Según los cálculos del banco, la propuesta para la deuda en dólares, descontada a una tasa del 12% anual, arroja un Valor Actual Neto de aproximadamente 5,7 millones de dólares, lo que representa cerca del 2,2% del capital nominal. Para la porción en pesos, descontada al 30% anual, el valor se reduce a unos 316.738 pesos, equivalente al 0,02% del crédito. El BNA calificó estas cifras como una «quita económica implícita extrema» e inaceptable.
Al ser el acreedor más importante del concurso, el rechazo del Banco Nación dificulta que Algodonera Avellaneda alcance el porcentaje de adhesión requerido por la ley para la homologación de un acuerdo, que exige el 50% de los acreedores que representen al menos dos tercios de la deuda total.
La empresa, que emplea a 366 trabajadores en su planta del Parque Industrial de Reconquista y a más de 50 en desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero, enfrenta un escenario crítico. Los empleados continúan sin cobrar sus haberes. Si el juez no concede una prórroga solicitada por la compañía, el magistrado podría aplicar un período de salvataje (cramdown) como último recurso para intentar evitar la quiebra, lo que implicaría que los dueños perderían la exclusividad en las negociaciones.
En un contexto local, el Concejo Municipal de Reconquista había aprobado previamente un acuerdo para que la comuna cobre solo el 9% de una deuda superior a los 24 millones de pesos, sujeto a la homologación judicial que ahora se ve complicada.
La decisión judicial sobre la prórroga solicitada por la empresa será determinante para el futuro de la negociación, la continuidad de la firma y la preservación de los puestos de trabajo.