La Cámara baja postergó sin fecha el tratamiento del acuerdo, tras un pedido del Ministerio de Desregulación. El debate enfrenta posiciones del oficialismo, que impulsa la adhesión, y de la industria farmacéutica local, que advierte sobre posibles consecuencias.
La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que estaba previsto para este martes, quedando sin fecha definida para su debate. Según fuentes parlamentarias, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin una reprogramación confirmada.
Desde el Ministerio de Desregulación indicaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien se encuentra en Estados Unidos participando de actividades relacionadas con inteligencia artificial junto a legisladores.
El principal punto de conflicto para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios farmacéuticos locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Este apartado establece condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten las cámaras del sector, podrían alterar el esquema vigente en el país y afectar el acceso a medicamentos.
La tensión se incrementó tras la decisión del Poder Ejecutivo de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos. Las cámaras CILFA y Cooperala manifestaron ante Diputados que la aprobación del tratado implicaría «una cesión de soberanía» y dejaría sin efecto las guías aplicadas por más de una década.
En la práctica, la adhesión al PCT supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con un impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo. Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado, ya que no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.
Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación.
El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo argentino. Señala que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior. También destaca que el CONICET y las universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos. Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.