Este viernes finaliza el plazo establecido por la Justicia para que el Gobierno nacional efectúe un pago de 2,5 billones de pesos a las 56 universidades nacionales. El Ejecutivo analiza una apelación a la Corte Suprema, mientras el sector universitario evalúa medidas de protesta.
Este viernes vence el plazo legal para que el Gobierno nacional transfiera a las 56 universidades nacionales un total de 2,5 billones de pesos, tal como lo ordenó un fallo judicial de segunda instancia hace dos semanas. El monto busca compensar pérdidas en salarios y gastos operativos, en el marco de la Ley de Fortalecimiento Universitario.
Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo evalúa presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en busca de una revisión del fallo. Paralelamente, desde la comunidad académica y los gremios universitarios se analizan posibles medidas de acción, que podrían incluir una convocatoria a movilizaciones.
El fallo judicial, emitido por la Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal, rechazó una apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano y exigió la implementación inmediata de la ley, que había sido vetada por el Presidente y posteriormente ratificada por el Congreso Nacional en dos oportunidades el año pasado.
En el ámbito gubernamental, se ha señalado la complejidad fiscal de realizar la transferencia en el contexto económico actual, marcado por una caída en la recaudación. Anteriormente, se mantuvieron reuniones entre funcionarios y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para dialogar sobre una posible nueva ley que reemplace a la vigente, con el objetivo de reducir el impacto fiscal.
La eventual apelación a la Corte Suprema representaría la última instancia legal para el Gobierno. Expertos legales señalan que el máximo tribunal solo interviene en cuestiones de fondo y no sobre medidas cautelares, por lo que el recurso tendría como principal efecto ganar tiempo en el proceso.
La situación ocurre en un momento de diversas demandas presupuestarias al Tesoro Nacional, como el reciente acuerdo parcial con prestadores de PAMI. El desenlace de este conflicto con las universidades nacionales es seguido de cerca por su potencial impacto en el sistema educativo público y en la agenda política nacional.