La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario con efecto suspensivo para evitar el desembolso de fondos ordenado por la Justicia, mientras las universidades reclaman por el cumplimiento de la norma.
El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación, realizada por el titular de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio, busca impedir la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, sancionada por el Congreso de la Nación.
El recurso, presentado con efecto suspensivo, cuestiona el fallo de la Cámara que ordenaba al Poder Ejecutivo cumplir con dichos artículos y declaraba inaplicable el artículo 1 del decreto 759/2025. El plazo para el desembolso de los fondos adeudados a las universidades venció este viernes a las 9.30 horas.
En el marco del recurso, el Poder Ejecutivo solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a conjueces, dado que todos ellos son docentes universitarios. Según informó el portal Infobae, en ámbitos judiciales este planteo fue considerado «débil».
Desde el Gobierno nacional se argumenta que la aplicación de la ley obligaría a desembolsar aproximadamente $2,5 billones, lo que afectaría el superávit fiscal. Además, cuestionan que la normativa no prevé una fuente de financiamiento específica para cumplir con los desembolsos, lo que, a su entender, incumpliría con las leyes de administración financiera y presupuesto.
Paralelamente, las universidades públicas llevaron adelante una jornada nacional de actividades en defensa de las instituciones y reclamando el cumplimiento de la ley. En una carta abierta, señalaron que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023, afectando salarios, becas y el funcionamiento general del sistema. Notificaron formalmente a la justicia el incumplimiento del fallo por parte del Gobierno y exigieron a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley.
Las instituciones advirtieron que, de no resolverse la situación, convocarán a la sociedad a manifestarse en defensa de la educación pública y la ciencia en la primera quincena de mayo.