La ministra de Educación, Ana Miño, confirmó que cuatro responsables son de Capital y dos del interior. Se aplicarán sanciones graves y se evalúa adaptar normativas ante el nuevo escenario.
La ola de pintadas que afectó a diversos establecimientos educativos de la ciudad de Corrientes y el interior de la provincia, impulsada por un reto viral a nivel nacional, comenzó a esclarecerse. La ministra de Educación, Ana Miño, confirmó que seis alumnos fueron identificados como autores materiales de los daños al patrimonio escolar.
De los seis estudiantes señalados, cuatro pertenecen a instituciones de la capital provincial y los dos restantes a escuelas del interior. La identificación fue posible gracias al trabajo conjunto entre directivos y el seguimiento de las actuaciones pertinentes, en un clima de tensión que movilizó a toda la comunidad educativa.
En una recorrida por las instituciones afectadas, Miño advirtió que las sanciones “van a estar”, aunque reconoció que el sistema actual, basado en los Acuerdos Escolares de Convivencia, prioriza el diálogo y la reinserción. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de adaptar las normativas: “Hoy estamos en un escenario diferente, con situaciones que nos atraviesan y nos sorprenden. Tenemos que adaptar todas esas situaciones”.
Uno de los puntos destacados de la agenda ministerial es la revisión del uso de la tecnología en el aula. Tras una reunión virtual con 482 rectores de toda la provincia, surgió un consenso preliminar: limitar el uso del celular estrictamente a fines pedagógicos. “Queremos que nadie sienta que esto es una imposición. Por eso abrimos un espacio para que todos puedan opinar”, explicó Miño.
El Ministerio de Educación, en sintonía con la cartera de Seguridad y el Poder Judicial, recordó que el daño al patrimonio público no solo acarrea consecuencias para los alumnos, sino también responsabilidades civiles y penales para sus tutores legales. La estrategia actual respeta la autonomía de cada institución para decidir en función de su realidad, bajo el apoyo del Ministerio.
Miño contextualizó la situación señalando que Corrientes no es un caso aislado: “Esta discusión se está dando a nivel nacional e inclusive en otros países. Es un debate que tenemos que empezar a dar sobre cuáles tienen que ser las sanciones que se van a aplicar”. Mientras las escuelas afectadas continúan con protocolos de acceso, los consejos de convivencia de cada colegio determinarán el futuro escolar de los seis jóvenes identificados.