El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, presentó una iniciativa que busca crear un registro unificado de la deuda pública consolidada, establecer límites al endeudamiento en moneda extranjera y fortalecer la supervisión del Congreso.
El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de ley denominado “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada”. La propuesta busca terminar con la fragmentación de la información financiera del Estado y establecer mecanismos estrictos de supervisión parlamentaria sobre todas las formas de endeudamiento.
“Hoy tenemos un registro fragmentado en la Argentina: el Banco Central registra por un lado, la Secretaría de Finanzas por otro, y no se incorporan todos los conceptos que deberían efectivamente consolidarse. Este Proyecto lo resuelve”, afirmó Capitanich.
El eje central de la iniciativa es la creación de un concepto de “Deuda Pública Consolidada”. Esto implica que el Estado ya no solo deberá informar la deuda directa del Tesoro, sino que estará obligado a registrar e informar de manera unificada los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) y los pasivos contingentes, es decir, también aquellas obligaciones potenciales del Estado que no son deuda efectiva hoy, pero sí un riesgo fiscal si el evento se materializa, como garantías y avales, juicios y arbitrajes, o derivados financieros.
El proyecto obliga a cuantificar, registrar y publicar estos pasivos contingentes en el Informe de Riesgos Fiscales, con el objetivo de evitar que se utilicen instrumentos financieros que, por su nombre formal, eludan hoy los controles presupuestarios tradicionales.
Capitanich contextualizó la iniciativa al señalar que, al cierre de marzo de 2026, la deuda pública alcanzó el equivalente a USD 469.597 millones y, dentro de ese total, la deuda en moneda extranjera ascendía a USD 258.926 millones. A eso se suma una dependencia del Fondo Monetario Internacional: el propio FMI informa que la Argentina registra 41.789 millones de DEG de crédito pendiente, equivalentes a aproximadamente USD 57.300 millones, lo que la mantiene como su principal deudor. Mientras el Gobierno exhibe un superávit primario de $6,8 billones en el primer trimestre de 2026, hay 12,2 billones de intereses capitalizables.
La iniciativa refuerza el rol del Congreso en las operaciones de especial relevancia. Determinados acuerdos, reestructuraciones, endeudamientos con organismos multilaterales por encima de ciertos umbrales, operaciones que afecten activos estratégicos o compromisos en moneda extranjera con cláusulas especialmente gravosas deberán contar con autorización expresa del Congreso mediante ley especial previa, acompañada de un informe técnico completo, público y presentado con anticipación.
En cuanto a los límites financieros, el proyecto propone un “parámetro prudencial” del 30% del PBI para deuda denominada, indexada o pagadera en moneda extranjera. En caso de superar este porcentaje, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Poder Legislativo una senda de convergencia para reducir la vulnerabilidad externa en un plazo máximo de diez años.
Otro de los puntos destacados es la creación de un Registro Nacional de Deuda Pública Consolidada, de acceso público, que deberá actualizarse trimestralmente. También se incluye la obligación de registrar y tasar los activos inmobiliarios del Estado para evitar que el patrimonio público sea utilizado como garantía sin trazabilidad ni control institucional.
Respecto a la toma de deuda por parte de las provincias, el proyecto aclara que se mantiene la autonomía local para el endeudamiento. La intervención del Ministerio de Economía de la Nación se limitará exclusivamente a un control técnico cuando se afecten recursos federales o se soliciten avales nacionales, reemplazando la discrecionalidad política por reglas objetivas.