La normativa elevó los montos mínimos para considerar delito penal tributario, lo que dejó sin efecto a más de 5.400 expedientes en todo el país.
El 81% de las causas penales por delitos del régimen penal tributario que se tramitaban en la Justicia fueron beneficiadas por la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal. Según datos oficiales, 5.445 expedientes quedaron por debajo de los nuevos umbrales de punibilidad establecidos por la normativa, que entró en vigencia el 2 de enero de este año.
La ley, impulsada por el Gobierno, elevó y flexibilizó los montos considerados como evasión, retención indebida de aportes de seguridad social y otros delitos tributarios. En total, impactó sobre 6.750 causas en trámite, de las cuales el 81% no superaba las nuevas condiciones, según el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elaborado con datos del Ministerio de Economía.
El ajuste responde al efecto de la inflación acumulada desde 2017, cuando los montos se fijaron por última vez. Por ejemplo, el umbral para evasión simple pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que para evasión agravada subió de 15 millones a 1.000 millones. La retención indebida de aportes a la seguridad social se elevó de 100.000 pesos mensuales a 3,5 millones, y la de tributos, de 100.000 a 10 millones mensuales.
Especialistas consultados señalaron que la medida aplica retroactivamente por tratarse de una ley penal más benigna. “Perseguir penalmente montos bajos distorsiona el sistema: criminaliza incumplimientos que deberían resolverse en sede administrativa”, indicó Diego Fraga, abogado tributarista. Enrique Condorelli, especialista en penal económico, agregó que la Corte Suprema ya se había pronunciado en casos análogos, lo que llevó al cierre de numerosos expedientes.
Uno de los casos resonantes fue el de Lázaro Báez, cuyo tribunal sobreseyó parcialmente a Austral Construcciones por aplicar el beneficio de la nueva ley, al considerar que solo uno de los períodos investigados superaba el nuevo piso de 100 millones de pesos.