El senador nacional presentó un proyecto que busca consolidar y transparentar el registro de obligaciones financieras del Estado, otorgando al Parlamento un rol central en su aprobación.
El senador nacional por Unión por la Patria, Jorge Capitanich, presentó en una entrevista con CIUDAD TV un proyecto de ley denominado Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada. La iniciativa apunta a unificar el registro de todas las deudas del Estado, incluyendo las del Banco Central y el Tesoro Nacional, y a darle al Congreso Nacional la potestad de aprobar operaciones como swaps de monedas, financiamiento con reservas y acuerdos con organismos multilaterales.
“La idea es que todo se consolide y se controle por el Parlamento”, explicó Capitanich, quien cuestionó que el gobierno actual haya manejado presupuestos sin la aprobación legislativa mediante “artilugios legales”. El senador señaló que el stock de deuda argentina asciende a 483.830 millones de dólares y que el proyecto contempla un registro detallado de todas las obligaciones.
En cuanto a las provincias, la propuesta establece que aquellas que cumplan con la ley de responsabilidad fiscal puedan acceder al mercado de capitales sin injerencias del Ejecutivo nacional.
Capitanich también se refirió al proyecto de reforma electoral. Expresó su desacuerdo con la eliminación de las PASO, aunque aceptó debatir su obligatoriedad o la forma de elegir al vicepresidente. Sobre el financiamiento, contrastó la postura del gobierno, que lo plantea como “permanente y privado”, con la de la oposición, que defiende un sistema “público y transparente”. “Hay muchas cosas que en el intercambio podemos llegar a un consenso”, afirmó.
Consultado sobre la interna del peronismo y las tensiones entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, el senador opinó que “la prioridad debe ser establecer una agenda legislativa y un acuerdo programático antes que definir candidaturas”.
Capitanich denunció “anomalías” institucionales, como la falta de designación de un miembro de la Corte Suprema desde hace 9 años y de un Defensor del Pueblo desde hace 17 años.
Finalmente, ante la consulta sobre demoras en las presentaciones patrimoniales de funcionarios, vinculada al caso de Manuel Adorni, aseguró que “si demorás en una declaración jurada patrimonial quiere decir que no tenés los papeles en orden”. Afirmó que no hay razón técnica para demorar ese trámite y que cualquier retraso significativo sería de carácter intencional.