La primera audiencia judicial por la falta de acceso al agua potable en el sur de Resistencia derivó en nuevas medidas: se sumaron organismos provinciales y municipales, se pidieron informes sanitarios y se realizará una inspección en el barrio.
La crisis del agua en el barrio Zampa, al sur de Resistencia, dejó de ser un reclamo aislado y comenzó a escalar con mayor presión sobre distintos organismos del Estado provincial y municipal. Este viernes, la Justicia chaqueña avanzó con nuevas medidas tras la primera audiencia realizada por la denuncia impulsada por vecinos del sector, quienes reclaman desde hace años por la falta de acceso regular y seguro al agua potable.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado Civil y Comercial N°21, a cargo del juez Julián Flores, y dejó expuesta la gravedad de una problemática que afecta a más de mil familias del barrio Zampa, una de las zonas más golpeadas por la crisis hídrica en la capital chaqueña. “Antes el servicio era malo, pero había. Hoy directamente no hay o no se puede consumir”, describen vecinos del barrio, donde muchas familias aseguran que terminan recurriendo a conexiones improvisadas cercanas a cunetas para poder cocinar, higienizarse o sostener tareas básicas del hogar.
Durante la audiencia, los vecinos remarcaron que la situación ya tiene consecuencias directas sobre la salud de las familias. Entre las principales preocupaciones aparecen problemas gastrointestinales, afecciones en la piel y complicaciones que afectan especialmente a niños y adultos mayores. “Hay días en los que directamente no tenemos agua. Y cuando sale, sale turbia, con olor. Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen”, relató una vecina durante el proceso de organización del reclamo colectivo.
A partir de lo planteado por las familias, la Justicia resolvió ampliar el alcance del reclamo y sumar formalmente al Municipio de Resistencia, la Administración Provincial del Agua (APA) y el Ministerio de Infraestructura provincial, además de Sameep, para que intervengan y den respuestas sobre la situación denunciada. La decisión dejó expuesto que el conflicto ya no recae únicamente sobre la empresa encargada del servicio, sino que involucra responsabilidades más amplias vinculadas a la infraestructura, la planificación urbana y el control del acceso al agua potable.
Además, el juzgado ordenó solicitar un informe sanitario al Centro de Salud de Villa Libertad para evaluar el impacto de la crisis en los vecinos y confirmó que realizará una inspección presencial en el barrio junto a las partes involucradas para constatar las condiciones denunciadas por las familias. Del encuentro participaron representantes de Sameep, de la Defensoría del Pueblo del Chaco y de la Fiscalía de Estado, esta última en representación del gobernador Leandro Zdero, quienes debieron asistir ante el avance del reclamo vecinal y las medidas impulsadas por la Justicia.
El acompañamiento legal de los vecinos estuvo a cargo de Juan Pablo Núñez, como parte del equipo jurídico que sostiene la representación legal del reclamo colectivo para exigir respuestas urgentes frente a una problemática que desde hace años afecta la vida cotidiana de cientos de familias del sur de Resistencia.