Organizado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), el evento contó con la participación del fiscal de adolescentes de Neuquén, Germán Martín, y más de 600 magistrados y funcionarios judiciales de todo el país.
El tercer encuentro del ciclo de capacitación para el análisis de la Ley Penal Juvenil se realizó con la exposición del fiscal de adolescentes de Neuquén, Germán Martín, quien abordó el tema “Rol del Ministerio Público Fiscal: institutos alternativos y el rol de la víctima. Cesura del juicio y política criminal”.
Estuvieron presentes Iride Isabel Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y directora del CEJ; Alicia Alcalá, titular del Ministerio Público de la Defensa; y más de 600 magistrados y funcionarios de poderes judiciales de todo el país. Vilma Almirón, jueza penal juvenil de Resistencia, presentó al disertante y destacó la notable convocatoria del ciclo.
Durante su intervención, Grillo agradeció a los capacitadores y a Almirón por compartir “estos ámbitos de desafíos, coraje, firmeza y prudencia”. También ponderó la exposición de Martín y valoró la importancia de la capacitación en este tema, especialmente para “quienes estamos en instancias de revisión de cada una de las decisiones que ustedes adopten”.
“Como constitucionalista no quiero dejar de decir algo: esta normativa es corregible, revisable, falible, perfectible; es una obra humana, con debilidades y fortalezas”, afirmó. Luego aseveró que “esta cuestión nos exige un desafío mayor, en términos de su aplicación, con prudencia, razonabilidad y justicia”. Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la supremacía constitucional en la aplicación de esta normativa: “Esta normativa no es ley suprema de la Nación. Ninguna legislación de fondo, de forma o especial ordinaria, por más importante que sea, forma parte del catálogo de leyes supremas al que alude el artículo 31 de la Constitución Nacional”, sostuvo.
Por su parte, Martín propuso analizar la Ley 27.801 “por lo que dice, lo que no dice y lo que deroga. Y empezar a conversar sobre la política criminal que hay detrás del texto”. También reflexionó sobre la exigencia de adecuación procesal y jurídica que demanda su implementación, y se refirió al proyecto provincial de adecuación en Neuquén como posible referencia para otras provincias.