Una organización criminal fue condenada por vender terrenos usurpados en localidades del Valle de Calamuchita, interior de Córdoba. La Justicia comprobó que actuaban en forma sistemática, engañando a compradores con documentos falsos y maniobras bien planificadas. La causa comenzó en 2023, luego de múltiples allanamientos que dejaron al descubierto el accionar del grupo.
Los terrenos eran ocupados de forma ilegal, limpiados y puestos en venta como si pertenecieran a los estafadores. Muchos compradores creyeron estar adquiriendo propiedades legítimas, cuando en realidad eran víctimas de un fraude estructurado. La operación se extendía por zonas muy cotizadas de Calamuchita, como Santa Rosa y Cerro de Oro.
El caso fue investigado por la fiscalPaula Bruera, quien logró llevar a juicio a trece personas vinculadas a estas maniobras. La Cámara en lo Criminal de Río Tercero condenó a ocho de ellos por asociación ilícita, usurpación y estafas reiteradas. La causa se cerró mediante un procedimiento abreviado, con penas de prisión y resarcimientos económicos.
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Las condenas y quiénes fueron los implicados
Los hechos ocurrieron entre julio de 2021 y agosto de 2023, principalmente en Santa Rosa de Calamuchita y zonas vecinas. Carlos Mauricio Rodríguez, dueño de una constructora, recibió tres años de prisión como coautor de asociación ilícita y usurpación. Simón Guizzardi, albañil, fue condenado a tres años y cuatro meses, por su rol en usurpaciones y al menos cuatro estafas.
Martín Luján, vendedor, recibió la misma pena por su participación en los delitos antes mencionados junto a Rodríguez y Guizzardi. El martillero Mario Perea y el vendedor de autos Matías Nievas Tissera también fueron penados con tres años de prisión. Eduardo Picca, en tanto, recibió dos años y nueve meses de prisión condicional, por falsificar instrumentos y cometer estafas.
María Mangino fue condenada a un año y nueve meses condicionales como coautora de cuatro estafas en Santa Rosa de Calamuchita. Armando Garro recibió seis meses de prisión condicional por su participación en una de las maniobras de estafa investigadas. Además, se concedió probation a José Carrozza y Omar Montoya, por hechos aislados ocurridos en 2021 y 2022 en esa región.
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El modus operandi de la asociación ilícita
La fiscal Paula Bruera detalló que la banda usurpaba terrenos, los limpiaba y luego simulaba una tenencia legal para venderlos. Una de las víctimas fue engañada con amojonamientos falsos, documentos clave para aparentar antigüedad en la posesión. La operatoria también incluía publicaciones en redes y carteles, con lo que captaban compradores de buena fe.
Uno de los condenados identificaba terrenos con deudas o en abandono, que luego eran puestos en venta tras ser usurpados. El dinero de las estafas era canalizado por una cuenta bancaria y repartido entre los integrantes del grupo delictivo. Cada miembro cumplía un rol específico en la maniobra, desde falsificar papeles hasta representar falsamente a propietarios.
Entre los implicados figuraban un ingeniero agrimensor, un martillero público y un hombre que se hacía pasar por juez de Paz.Incluso fingían ser herederos o antiguos poseedores para respaldar el origen de la supuesta propiedad del terreno. Así lograban cerrar operaciones, generando un perjuicio grave a los verdaderos dueños y a compradores confiados.
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El impacto en Calamuchita y los antecedentes del caso
La denuncia inicial fue radicada por herederos de un loteo en Santa Rosa y permitió abrir una causa que luego se amplió. Muchos de los lotes ofrecidos estaban ubicados en Cerro de Oro, un sector muy cotizado cerca de la ruta 5 en Calamuchita. El escándalo dejó al descubierto cómo se comercializaban de forma sistemática terrenos sin papeles válidos ni propiedad real.
Los condenados eran oriundos de Santa Rosa, Villa del Dique, Berrotarán y Villa Santa Ana, lo que extendió la causa regionalmente. El juicio concluyó mediante un procedimiento abreviado: los imputados reconocieron su responsabilidad y acordaron las penas. Bruera destacó que además de las condenas, hubo un resarcimiento económico para las numerosas víctimas de estas maniobras.
La fiscalía remarcó que el grupo actuaba con conocimiento de los procedimientos legales y contaba con roles definidos para concretar las estafas. La repercusión del caso fue significativa en el Valle de Calamuchita, dada la creciente demanda inmobiliaria en esa zona. La causa, que comenzó con trece detenidos en 2023, cerró con ocho condenas firmes y dos suspensiones de juicio a prueba.