El clima de estabilidad tributaria que durante años caracterizó a Uruguay podría enfrentar un giro drástico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa incorporar, dentro del proyecto de Ley de Presupuesto, un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior pertenecientes a residentes uruguayos. La medida, revelada por el semanario Búsqueda, apunta a modificar el actual Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que desde la reforma tributaria de 2007 no grava las ganancias de capital obtenidas fuera del país.
El alcance de esta posible reforma es de alto impacto: según cifras oficiales, los activos de uruguayos en el extranjero sumaron en 2023 unos 62.000 millones de dólares, lo que equivale al 79% del Producto Interno Bruto nacional. El salto respecto a 2019, cuando el monto era de 27.171 millones, muestra la creciente magnitud de este capital.
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Fuentes del MEF, encabezado por Gabriel Oddone, confirmaron que se estudia incluir el tributo en el Presupuesto para forzar un tratamiento legislativo rápido y evitar el desgaste político que suele provocar un debate impositivo autónomo. Desde el oficialismo, algunos defienden la medida como un “perfeccionamiento” de tributos existentes, con un destino preferente para financiar políticas de primera infancia. El impulso también cuenta con el respaldo del PIT-CNT, la principal central sindical, que exige un gravamen del 1% al 1% más rico del país.
Sin embargo, las advertencias no tardaron en llegar. El diputado opositor Diego Echeverría calificó la propuesta como “matar a la gallina de los huevos de oro” y alertó sobre el riesgo de “espantar inversores” y “generar desempleo en Maldonado”, departamento que se ha beneficiado de la llegada de capitales y residentes extranjeros gracias a la previsibilidad tributaria. “Haber ingresado en la discusión del impuesto al 1% más rico y ahora este nuevo anuncio solo sirve para espantar inversores. Es transitar el camino del ‘kirchnerismo tributario’”, advirtió.
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La referencia no es casual: en Argentina, políticas similares impulsadas por gobiernos kirchneristas derivaron en una fuerte fuga de capitales y pérdida de confianza, un antecedente que preocupa a economistas y empresarios uruguayos. Algunos casos emblemáticos, como el de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, son recordados como ejemplo de cómo la presión impositiva kirchnerista pudo empujar a grandes patrimonios a radicarse en países con reglas más estable, justo lo que ahora podría ponerse en riesgo en Uruguay.
El debate también trae a la memoria la propuesta del exministro Danilo Astori en 2021, que sugería un impuesto transitorio del 2% sobre depósitos en el exterior durante la pandemia. Hoy, la nueva iniciativa se presenta como un paso más hacia una estructura tributaria más “progresiva” según sus impulsores, pero que para la oposición implica un retroceso en la competitividad fiscal del país.
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En paralelo, el gobierno analiza medidas complementarias, como impuestos a las compras digitales internacionales y la adaptación a la normativa del Impuesto Mínimo Global impulsado por la OCDE, que alcanzaría a multinacionales con operaciones en Uruguay. Según Oddone, se trata de “ordenar temas pendientes de administraciones anteriores” y definir “cómo hacemos los tratamientos de los gravámenes en el exterior”.
La polémica se intensificará a medida que se acerque la presentación del Presupuesto. La oposición ya solicitó reuniones con el equipo económico y pidió información al Banco República y al Banco Central del Uruguay para anticipar el impacto de un cambio que podría marcar un antes y un después en la historia fiscal del país.