Durante 15 días los vecinos de Yala y Los Nogales sufrieron mermas progresivas del suministro de agua. La situación se agravó el pasado miércoles cuando directamente se cortó la provisión.
La problemática nunca se remedió y ya llevan más de una semana sin el líquido elemento, teniendo que padecer cuestiones básicas como higienizarse o cocinar. «Sin agua no se puede vivir», “sacamos agua de la acequia para subsistir”, fueron algunos de los crudos relatos de los residentes ante la gravedad de la situación.
Ayer se concretó una reunión entre los damnificados con el presidente de Agua Potable, Juan Carlos García y el intendente de Yala, Santiago Tizón, y si bien en la misma se abordó el conflicto y se prometieron camiones cisterna, no hubo una solución definitiva.
reunion yala
En este contexto, el abogado Lucio Plaza (ex integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor y ex presidente del Instituto de DDHH del Colegio de abogados) dialogó con Radio 2 y dijo que los vecinos deberían avanzar con una presentación judicial colectiva a los fines de que se brinde una respuesta adecuada.
Cuestionó a organismos como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) por no haber actuado hasta el momento, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de suma urgencia para la comunidad.
“Desde el Instituto de Derecho de Consumidores en muchas oportunidades hemos tratado este tema de la falta de inversión porque la inversión no es que te solucione todos los problemas pero evita la falta de eficacia en la producción de los servicios públicos. En este caso, la salubridad, la sanidad de las personas que tienen que tener agua potabilizada en sus casas es muy grave porque viste que ya nos ha pasado muchas veces el tema del dengue, el tema del cólera. O sea, el agua potable es un bien humano esencial. Está reconocido por nuestra Constitución Nacional, por muchos tratados internacionales, de los cuales Argentina es parte, como por ejemplo la Convención de Derechos Sociales, que establece los mínimos de parámetros de salubridad que tienen que tener las personas en sus hogares. Ahora, también la constitución de la provincia en su reforma del año ´23 establece esto que estoy diciendo, que el agua potable es un bien que no puede ser privado una persona por inclusive decir que porque no paga el servicio se le corta y esto es muy sólida la jurisprudencia en la justicia de la provincia en este sentido. Así que básicamente nosotros nos encontramos en esta situación en una total desprotección de los derechos de las personas que viven en estas regiones, que si bien es cierto, ellos pueden paliar la falta de suministro sacando agua de acequias, pero no son aguas potabilizadas. En consecuencia, sus derechos se están afectando”.
“Creo que es fundamentalmente tratar de plantear un proceso colectivo. Yo soy parte de un grupo de investigación, estamos trabajando sobre el tema de los procesos colectivos, y la justicia es la única que nos queda como resorte por su función de guarante de la Constitución y de los derechos. Yo mucha gente pone las tintas en el municipio porque el municipio no lleva la provisión, aunque sea con camiones cisternas. Pero eso es un parche, no toman en cuenta que esto requiere un arreglo general y un cambio total. Es verdad que la provincia Agua Potable, que es una empresa del Estado no tiene los fondos de ENOHSA, que es un ente nacional que antes cubría este tipo de obras pero también es verdad que la provincia tiene recursos, nosotros escuchamos al gobernador de la provincia decir que estamos bien, que venimos con un plan de inversión millonaria en obras de agua”.
La importancia acá es que la gente sepa que tiene que hacer los reclamos. La SUSEPU no puede mirar para el costado. Es un órgano de contralor del cumplimiento efectivo de la prestación de servicios y los servicios de agua potable y de saneamiento son servicios que son esenciales de acuerdo a la constitución en su redacción del año 2023. Así que no hay muchas opciones, yo creo que un proceso colectivo sería lo mejor que se pudiese hacer. La importancia acá es que la gente sepa que tiene que hacer los reclamos. La SUSEPU no puede mirar para el costado. Es un órgano de contralor del cumplimiento efectivo de la prestación de servicios y los servicios de agua potable y de saneamiento son servicios que son esenciales de acuerdo a la constitución en su redacción del año 2023. Así que no hay muchas opciones, yo creo que un proceso colectivo sería lo mejor que se pudiese hacer.
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