El gobierno de Jujuy, encabezado por Carlos Sadir, oficializó a través del Decreto N°2302 la asignación de 2.610 millones de pesos a la empresa estatal Cannava S.E. La cifra, que aparece en el artículo 2 del decreto bajo el concepto de «aportes de capital», forma parte del presupuesto de gastos y cálculo de recursos, aunque llama la atención que recién se haya publicado en el Boletín Oficial el 1 de octubre de 2025, pese a haber sido firmado en diciembre del año anterior.
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Este hecho no pasó desapercibido y reavivó las críticas sobre la gestión, los objetivos y los resultados de Cannava, una empresa que nació con la promesa de posicionar a Jujuy como pionera en la producción de cannabis medicinal, pero que ha estado en el centro de cuestionamientos tanto por su desempeño económico como por las sospechas sobre su vínculo con actividades no medicinales.
Una empresa bajo la lupa
Cannava S.E. fue creada durante el mandato de Gerardo Morales como parte de un ambicioso proyecto para insertar a la provincia en la industria del cannabis medicinal. Sin embargo, desde sus inicios, la empresa fue objeto de críticas por falta de transparencia, poca rendición de cuentas y vínculos familiares en la conducción, ya que su presidente es Gastón Morales, hijo del exgobernador.
Las dudas en torno a la viabilidad económica del emprendimiento se reforzaron en los últimos años con escasos informes públicos, resultados financieros reservados y una creciente dependencia de fondos estatales. La reciente asignación por más de 2.600 millones de pesos alimenta las versiones de que Cannava sería un modelo deficitario que no logra sostenerse por sus propios medios.
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La derrota judicial de los Morales
La polémica se intensificó hace algunos meses cuando la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy desestimó una denuncia presentada por Gerardo y Gastón Morales contra el abogado Juan Giusti, a quien habían acusado por daños y perjuicios debido a sus declaraciones críticas hacia la empresa.
La jueza Elba Rita Cabezas no solo desestimó la demanda, sino que además impuso las costas del juicio a los denunciantes. El fallo fue interpretado como un revés jurídico y político para la familia Morales, que intentó acallar a una de las voces más persistentes en denunciar supuestas irregularidades en Cannava.
Embed – SOBREMESA 26-05-25Dr. Juan Giusti
Giusti, junto con la entonces legisladora peronista Alejandra Cejas, había advertido desde 2021 que Cannava no solo tenía problemas de sostenibilidad, sino que además existía el riesgo de que el emprendimiento estatal terminara asociado a negocios privados vinculados al cannabis recreativo, especialmente a través de convenios con empresas extranjeras, entre ellas algunas radicadas en Estados Unidos.
Embed – SOBREMESA 14-07-25Dra. Alejandra Cejas
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¿Un modelo que se repite?
Giusti no es ajeno a las denuncias contra empresas estatales jujeñas. También fue crítico del parque solar Cauchari, otro de los proyectos estrella de la gestión de Morales, al que calificó como «deficitario» y con escasa transparencia en su rentabilidad real para la provincia.
Las advertencias sobre la transformación de Jujuy en un “narcoestado”, lanzadas por Giusti en entrevistas y publicaciones, fueron en su momento minimizadas por el oficialismo. No obstante, la reciente transferencia millonaria vuelve a abrir el debate sobre el uso de fondos públicos para sostener empresas estatales con resultados poco claros, y particularmente, sobre los posibles conflictos de interés cuando hay familiares directos del poder político ocupando cargos estratégicos.
Embed – SOBREMESA 07-08-25Dra. Cristina Guzmán
Silencio oficial y preguntas abiertas
Hasta el momento, ni el gobernador Sadir ni representantes de Cannava han ofrecido declaraciones sobre la publicación tardía del decreto o sobre el destino puntual de los fondos asignados. La falta de información oficial profundiza el manto de opacidad que envuelve a la empresa y a sus operaciones.
Mientras tanto, desde sectores opositores y organizaciones sociales se exige una auditoría integral de Cannava S.E., así como un informe detallado sobre los beneficios reales que ha producido la empresa para la provincia.
En un contexto de ajuste económico, inflación persistente y demandas sociales insatisfechas, la inyección de recursos públicos a empresas cuestionadas genera tensiones políticas y sociales.