Por el atraso de más de un año que arrastra la privatización vial, el Gobierno de Javier Milei prorrogó hasta nuevo aviso la implementación integral del sistema de cobro automático «free flow» que estaba pautado para mediados de 2027 en todas las rutas nacionales con peaje.
Por medio del decreto 733/25, la gestión libertaria cambió la última reglamentación de la ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial y estableció que Vialidad Nacional será la encargada de definir «el cronograma del sistema de cobro de peajes que deberá funcionar en cada una de las rutas nacionales» que pasen a manos privadas o permanezcan bajo la órbita estatal.
El Gobierno posterga el cobro automático de peajes en rutas nacionales
La administración mileísta había estipulado que para junio de 2027 todas las rutas nacionales con peaje debían tener la totalidad de sus cabinas modernizadas y operando solo con el sistema de cobro «free flow».
Para alcanzar ese objetivo se había fijado una agenda de cambios graduales destinada a remplazar las cabinas manuales y automáticas por las nuevas que funcionan sin barreras y con la identificación automática de vehículos. Según los plazos iniciales, a fin de este año todas las rutas nacionales debían contar con sistemas de cobro automático por vías canalizadas y/o por vías manuales. Para diciembre de 2026, la mitad de las rutas concesionadas iban a funcionar con vías automáticas, mientras que la otra mitad lo haría con el sistema free flow.
Ahora, el plazo para que todas las rutas con peaje cuenten con el sistema free flow como único y exclusivo modo de pago quedó sin una fecha cierta y condicionado a lo que pase con las concesiones de los casi 9.200 kilómetros de la red vial nacional que tiene en curso el ministerio de Economía comandado por Luis Caputo.
El cambio de planes fue justificado en la norma publicada en el Boletín Oficial con el argumento de que «es conveniente adecuar el cronograma de implementación de los sistemas de cobro free flow en todas las rutas nacionales concesionadas para que Vialidad Nacional pueda modificar el plazo establecido cuando las condiciones de cada tramo o estación de peaje lo requieran».
A eso se agrega el hecho de que «el organismo vial ha manifestado que resulta prioritario avanzar con una política institucional que promueva y consolide el uso del dispositivo TelePASE como herramienta base para la organización de los nuevos sistemas de peaje en todo el territorio nacional».
«Dicha política —destacó el decreto— tiene por objetivos garantizar el pago y desalentar la evasión, avanzando hacia la obligatoriedad de su implementación total en toda la red vial nacional y asimismo busca asegurar la previsibilidad y sustentabilidad de los sistemas de cobro que deben implementar los concesionarios viales».
La alteración de los plazos originales se sustenta en un informe de Vialidad Nacional que plantea que «al momento de definir el cronograma y los plazos de implementación de los sistemas de cobro, resulta imprescindible tener en cuenta las particularidades de los distintos tramos que conforman la red vial nacional, lo que requiere un enfoque de implementación flexible que permita adecuarse a las realidades de cada tramo».
La parte resolutiva modifica los alcances del artículo 20 del decreto 196/25 y deja abierta y sin una fecha límite la instalación completa y definitiva del sistema free flow.
El nuevo decreto autoriza a Vialidad Nacional a «restablecer un cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes» para que antes del 31 de diciembre de 2026 todas las rutas nacionales tengan tanto vías manuales y automáticas de pago con barreras, como algunas vías free flow en los tramos y estaciones que resulte posible.
De esta manera, los nuevos concesionarios privados de las rutas contarán más tiempo para montar el cobro automático free flow que, según los pliegos originales, debían tener instalados y operativos en un plazo de dos años.
Primeras concesiones en juego
Para las concesiones de los tramos «Oriental» (que abarca la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14 y el acceso al límite fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana) y «Conexión» (puente Rosario-Victoria); las reglas licitatorias establecieron que las nuevas operadoras deberán implementar por etapas el pago free flow.
Además, todas las vías de cobro automáticas deberán identificar y registrar la patente de cada vehículo y al que no posea un TelePASE asociado a un medio de pago, se le facturará el peaje tomando en cuenta su dominio.
Las dos primeras privatizaciones viales que salieron a la calle despertaron el interés de seis oferentes locales, luego de que el Gobierno incorporará sobre la hora una asistencia crediticia estatal del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para hacer más atractivo el negocio de los peajes.
Para el tramo «Oriental» se presentaron cuatro competidoras: Panedile, Roggio, Rovella Carranza y la UTE conformada por las empresas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.
A su vez, para el tramo «Conexión» hubo dos ofertas a cargo de Autovía Construcciones y Servicios (grupo Cartellone) y Coyserv, empresa cordobesa de obras energéticas controlada por la constructora Contreras Hermanos.
Si no aparecen impugnaciones, las empresas ganadoras se conocerán antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre y una vez que tomen posesión implementarán de inmediato dos medidas que afectarán directamente a los usuarios.
Por un lado, repondrán el pago de los peajes que se encuentran suspendidos desde principios de abril, tras la expiración del contrato de la anterior concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA). En cada una de las cuatro estaciones de la autovía del Mercosur y en el puente Rosario-Victoria, la tarifa inicial que deberán pagar los autos rondará entre $1.400 y $1.500.
Por otro lado, comenzarán a cobrarle peajes a las motos que hasta ahora no tenían que pagar para transitar por las rutas nacionales.