El sector tecnológico de la Argentina fue sacudido a principios de octubre con los anuncios del proyectos de infraestructura a gran escala Stargate, vinculados a la inteligencia artificial (IA). Esta iniciativa vinculada a la empresa estadounidense OpenAI plantea interrogantes fundamentales sobre el rol del país en la economía digital global.
Para comprender la magnitud de estas inversiones por unos 25 mil millones de dólares, que incluyen la construcción de un gran centro de datos en la Patagonia, es vital definir con precisión el concepto central del debate: la inferencia de cómputo.
Paula Garnero, directora de Insight LAC, economista y especialista en ciencia, tecnología e innovación, explicó ante iProfesional que «en términos económicos, exportar ‘inferencia de cómputo’ significa vender al exterior capacidad de procesamiento para ejecutar modelos de inteligencia artificial desde infraestructura instalada en el país».
Esta dinámica implica que «empresas globales utilizan centros de datos ubicados en la Argentina para procesar consultas o tareas de IA, y el país exporta ese servicio como parte de los servicios informáticos o de cloud computing», señaló.
El cómputo como el nuevo «commodity»
La especialista advirtió que «esta oportunidad es comparable a la de los ‘commodities’ porque el cómputo funciona como un insumo básico dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial«.
Al igual que ocurre en otros sectores primarios, la infraestructura física se transforma en un recurso transable. Garnero lo resumió de esta manera: «Al igual que la energía, los minerales o los granos en otras cadenas productivas, la capacidad de procesamiento es un recurso esencial pero relativamente estandarizado, donde la competencia se da por costos, eficiencia energética y escala».
Se trata de una actividad intensiva en capital y en consumo de energía, con márgenes de rentabilidad muy acotados y un bajo nivel de diferenciación comercial. En la nueva economía digital, «el mayor valor se concentra en los niveles donde predominan los activos intangibles y la relación con el usuario: el desarrollo de modelos, las plataformas que los distribuyen y, sobre todo, las aplicaciones que resuelven problemas concretos para empresas, gobiernos o consumidores», señaló la especialista. En cambio, el cómputo constituye la base de esa cadena, pues es imprescindible, pero captura una porción menor del valor total.
A pesar de esto, la radicación de centros de datos en el país es una oportunidad de inmensa relevancia. Permite atraer inversiones, generar exportaciones de servicios, aportar divisas y posicionar al país frente a una demanda global que crece rápidamente. No obstante, Garnero advirtió que «para maximizar sus beneficios, la expansión de infraestructura debería complementarse con políticas que impulsen el desarrollo de capacidades en niveles superiores de la cadena».
El RIGI y el desafío de las inversiones «hyperscale»
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como un instrumento regulatorio clave en este escenario. Garnero señaló que «el RIGI es, en principio, un instrumento adecuado para poner a la Argentina en el radar de inversiones hyperscale, porque responde a uno de los principales factores de decisión de este tipo de proyectos: la previsibilidad«.
Las instalaciones de esta magnitud requieren inyecciones de capital de miles de millones de dólares, con extensos horizontes para la recuperación total de la inversión. Por este motivo, los inversores valoran enormemente la estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria de la jurisdicción elegida.
El proyecto de Stargate ilustra esta escala sin precedentes. Se proyecta la construcción en etapas de un centro de datos de 500 megavatios, una cifra colosal si consideramos que los grandes centros operativos a nivel mundial rondan apenas los 100 megavatios, con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares.
Sin embargo, la decisión de localización depende sobre todo de factores estructurales: «disponibilidad de energía firme y competitiva, capacidad de expansión eléctrica, conectividad internacional de alta capacidad, tiempos de permisos y disponibilidad de suelo y agua para refrigeración», dijo Garnero. La especialista fue categórica al afirmar que «si esas condiciones no están garantizadas, los beneficios impositivos tienen un impacto limitado, porque el principal riesgo para el inversor no es tributario sino operativo».
La provisión de infraestructura de cómputo es una actividad con alto contenido de equipamiento importado y relativamente bajo empleo directo en operación. Garnero advirtió sobre un peligro latente: «Si el régimen otorga beneficios amplios sin exigir o inducir encadenamientos locales, existe el riesgo de que el país renuncie a recursos tributarios a cambio de inversiones que funcionen como enclaves, con escasa articulación con el tejido productivo y limitada contribución al desarrollo tecnológico doméstico». El impacto de estos proyectos depende en gran medida de las políticas complementarias que se implementen.
«Know-how» y la integración del ecosistema local
Para evitar que estos centros sean solo cajas negras, es imperativo establecer condiciones específicas en los acuerdos de inversión. Garnero explicó que «en este sector, la transferencia de conocimiento no ocurre a través de licencias formales, sino a través de la operación local, el empleo calificado y la integración con el ecosistema«.
Una primera dimensión clave es el desarrollo de proveedores nacionales. El Estado tiene el deber de negociar metas progresivas de compras locales en áreas como infraestructura eléctrica, mantenimiento especializado y telecomunicaciones.
Se debe incluir también a los rubros de ciberseguridad, software, y servicios de monitoreo y gestión operativa. «Estos encadenamientos son los que permiten que la inversión genere efectos multiplicadores sobre la economía», dijo la especialista.
En segundo lugar, «es fundamental incorporar compromisos de formación y empleo calificado«, recalcó la experta. Programas de capacitación en articulación con universidades permiten que «el conocimiento operativo, que es el activo más valioso en este tipo de proyectos, quede instalado en el país», subrayó.
Otra herramienta vital es asegurar que la nueva infraestructura sea accesible para los actores locales. La economista destacó modelos de la región: en Brasil, los beneficios fiscales exigen que «un 10% de la capacidad de procesamiento se reserve a actores nacionales y el 2% de la inversión se destine a I+D+i en el país», apuntó Garnero.
«La clave es vincular los incentivos a metas verificables de desempeño: desarrollo de proveedores locales, programas de capacitación, empleo calificado y acceso a capacidades digitales para el ecosistema», afirmó. De este modo, la instalación se convierte en una plataforma para el desarrollo, y no solo en infraestructura que procesa información para clientes externos.
Paula Garnero
El mito del empleo masivo y el caso de Neuquén
Un aspecto crítico es la gestión de las expectativas laborales, sobre todo en provincias receptoras como, por ejemplo, Neuquén. Existe un desfasaje importante entre la magnitud de la inversión y el empleo directo que se genera. Garnero subrayó que es clave comunicar desde el inicio que estos centros son «proyectos intensivos en capital y energía, pero no en mano de obra«.
Durante la fase de construcción pueden movilizar empleo significativo en obras civiles y montaje. Una vez en operación, el plantel permanente es relativamente reducido y altamente especializado.
Evitar la sobre expectativa previene frustraciones sociales y conflictos territoriales. Esto no significa que el impacto sea irrelevante, sino que «el potencial de empleo es principalmente indirecto y de segundo orden», aclaró la especialista. Los efectos más importantes se concentran en actividades asociadas, como servicios de mantenimiento técnico, logística, ciberseguridad y soporte especializado.
A nivel macroeconómico, «el verdadero potencial de creación de empleo en la economía de la IA no está en la infraestructura, sino en las capas superiores de la cadena de valor«, afirmó. El mayor dinamismo laboral se concentra en el desarrollo y operación de soluciones basadas en IA.
Por eso, en territorios como Neuquén, la oportunidad estratégica no es solo alojar centros de datos, sino «convertir esa infraestructura en una plataforma para desarrollar soluciones digitales vinculadas a la economía local«, dijo la experta. Esto implica articular con universidades para formar talento y promover polos tecnológicos.
Consumo energético y la opción nuclear
El enorme consumo de recursos naturales es otra arista muy crítica del debate, aunque la nueva generación de centros de datos es cada vez más eficiente. Las unidades actuales ofrecen mucho mayor rendimiento por unidad de energía.
«Sin embargo, el desafío ambiental persiste porque la demanda de cómputo crece mucho más rápido que las mejoras de eficiencia: cada operación consume menos, pero el volumen total de operaciones aumenta de manera exponencial», advirtió Garnero.
Frente a este escenario, propuso esta visión: «Creo que lo más estratégico es vincular estas inversiones a la aceleración de la transición energética«. El primer aspecto clave es la localización, con prioridad en zonas con disponibilidad de energía firme y baja presión hídrica. El segundo es asegurar que el aumento de la demanda eléctrica se cubra con nueva capacidad renovable, para evitar una mayor dependencia de fuentes fósiles.
En este sentido, la especialista afirmó que «la energía nuclear aparece como una opción relevante para abastecer la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial». A diferencia de la energía solar o eólica, cuya producción depende del clima, «la energía nuclear ofrece un suministro continuo y confiable, con emisiones operativas prácticamente nulas de dióxido de carbono», explicó.
Central de energía atómica de Atucha.
Soberanía, geopolítica y conectividad internacional
En materia de soberanía, Garnero aclaró que «la instalación de infraestructura de OpenAI en el país no profundiza la dependencia tecnológica respecto de la situación actual; por el contrario, representa una mejora». Hoy, cada consulta de usuarios argentinos a ChatGPT se procesa en el exterior y la respuesta recorre miles de kilómetros para regresar.
Contar con capacidad instalada en el territorio nacional «reduce esa distancia física y operativa, mejora los tiempos de respuesta y disminuye la exposición a interrupciones o restricciones externas«, destacó la especialista. A medida que crece la adopción de estas tecnologías, esta infraestructura se vuelve crítica para la economía.
Disponer de capacidad de cómputo dentro del país aumenta la resiliencia en un mundo de tensiones geopolíticas. Esto «abre la posibilidad de establecer ciertas condiciones operativas, por ejemplo, en materia de continuidad de servicio, acceso para actores locales o prioridades de uso», resaltó Garnero. Aunque no equivale a una soberanía tecnológica absoluta, «sí fortalece la autonomía operativa», afirmó.
Esta autonomía se relaciona íntimamente con la conectividad internacional. La Argentina mejoró su capacidad en los últimos años, pero no alcanza la escala ni el rol estructural de Brasil o México.
La diferencia clara aparece en la cantidad de sistemas de cables submarinos. Brasil lidera con alrededor de 16 cables y actúa como un nodo central de tráfico global, con conexiones directas a Europa y África. La Argentina cuenta actualmente con 8 cables internacionales.
El país «opera principalmente como un punto terminal: la mayor parte de su conectividad internacional sigue dependiendo de rutas que descienden por el Atlántico desde Brasil o Estados Unidos», describió la experta.
No obstante, la reciente llegada del cable Firmina mejora la viabilidad técnica de proyectos intensivos en datos. Además, la participación en el proyecto Humboldt, que unirá Chile con Nueva Zelanda, permitirá por primera vez contar con una salida hacia el oeste, para diversificar los caminos internacionales a través del océano Pacífico.
«Startups», pymes y el camino al salto estratégico
Para que el impacto económico sea profundo, las políticas públicas deben enfocarse en el ecosistema emprendedor. «La clave no es solo atraer centros de datos, sino construir un ecosistema de acceso a cómputo, talento especializado, financiamiento, espacios de experimentación y demanda», dijo Garnero.
Para la economista, el desafío de política pública es «convertirla en una plataforma de acceso y aprendizaje para el ecosistema local«, afirmó. En la economía de la IA, «el principal cuello de botella para startups y mipymes no es el talento ni las ideas, sino el acceso a capacidad de cómputo, financiamiento para experimentación y capacidades para llevar modelos a producción», advirtió la experta, quien propuso los siguientes instrumentos concretos:
- Un primer eje son los «programas de acceso subsidiado a cómputo«, con créditos de uso o cuotas de capacidad reservada para startups, pymes y universidades.
- Un segundo eje es el desarrollo de «capacidades técnicas para llevar la IA a producción«, con programas orientados a ingeniería de datos y despliegue en la nube.
- Resulta fundamental fortalecer los «mecanismos de financiamiento para la adopción productiva de IA». Líneas de crédito blandas o vouchers tecnológicos aceleran la demanda local.
- El cuarto componente es la creación de «entornos de experimentación y validación«, como «sandboxes» regulatorios.
¿Está la Argentina realmente lista?
La pregunta final es ineludible: ¿está el país listo para ser un polo de IA? Garnero compartió su diagnóstico: «Hoy Argentina tiene activos reales para ser un polo de IA (talento, sistema científico, energía potencial y proyectos de infraestructura como Stargate Argentina), pero no está ‘lista’ en sentido estratégico: corre el riesgo de que una inversión de escala termine siendo ‘una oportunidad perdida’ si no se ordena con política pública, capacidades institucionales y una agenda productiva clara». La Argentina «todavía no tiene una hoja de ruta nacional vigente y operativa que convierta estos anuncios en una estrategia de desarrollo», sostuvo.
En el vacío actual, un anuncio de la magnitud de Stargate fortalece la infraestructura, «pero no necesariamente construir capacidades locales si no se inserta en una agenda nacional con prioridades, instrumentos e indicadores«, reparó la especialista.
A nivel regulatorio, para esta industria se requieren capacidades analíticas que no siempre están instaladas en el Congreso y el Estado. Sin reglas claras, es difícil negociar condiciones de acceso y estándares de sostenibilidad.
A nivel productivo, el salto estratégico lo da la capacidad del país de «convertir cómputo en productividad«, afirmó Garnero. El potencial reside en que los sectores claves logren traccionar sobre el sistema científico para «desarrollar soluciones locales y escalar aplicaciones».
Si esa articulación no ocurre, el riesgo es, para la especialista, «exportar infraestructura/servicios básicos mientras el valor (plataformas, aplicaciones, propiedad de clientes y datos) se captura afuera«.
Para Garnero, en el escenario actual la Argentina «puede estar frente a un punto de inflexión, pero para que Stargate y proyectos similares no queden como ‘islas de cómputo’, hacen falta tres cosas inmediatas:
- Una estrategia nacional ejecutable (prioridades sectoriales, metas, gobernanza).
- Fortalecimiento regulatorio y de capacidades estatales (estándares, compras, auditoría, datos).
- Políticas productivas de encadenamiento (acceso a cómputo para pymes y ciencia, formación, programas de adopción en sectores)».
Sin ese paquete, la inversión puede ocurrir, pero el desarrollo de largo plazo no está garantizado. «La oportunidad está sobre la mesa, pero la diferencia entre un enclave tecnológico y una verdadera transformación productiva no la va a hacer la inversión privada, sino la capacidad del Estado de definir un rumbo y sostenerlo», concluyó la especialista.