Al menos un efectivo policial, de quien se dijo que no estuvo presente durante los desbordes ocurridos durante la madrugada del martes en las inmediaciones de Casa de Gobierno, fue demorado y estuvo varias horas privado de su libertad.
De acuerdo a datos obtenidos de manera extraoficial, el procedimiento habría sido llevado a cabo por personal de la división de Delitos Complejos. La intervención de esta unidad especial sugiere que la investigación no solo busca daños materiales superficiales, sino que apunta a determinar responsabilidades mayores en la organización de los incidentes.
La rapidez con la que se habría movido la Justicia para identificar y proceder a la detención de un par de la propia fuerza refuerza la postura de «tolerancia cero» que emana desde la Casa de Gobierno.
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Esta celeridad judicial buscaría desalentar nuevas acciones directas por parte de los manifestantes, en un clima donde la desconfianza entre los efectivos de calle y las unidades de investigación empieza a fracturar la interna de la institución.
Finalmente, luego de varias horas, el hombre fue puesto en libertad, situación celebrada por sus compañeros y colegas.
Investigaciones bajo reserva
Fuentes cercanas al caso indican que todo es materia de investigación, y que la utilización de registros fílmicos de alta resolución habría sido clave para que el personal de Delitos Complejos pudiera identificar a los supuestos autores. Se estima que, siguiendo este lineamiento, podrían registrarse nuevas medidas similares en las próximas horas, mientras se busca determinar si hubo una premeditación organizada detrás de los ataques al vallado perimetral.
Mientras tanto, el hermetismo es total. La detención —de confirmarse— marcaría un antes y un después en la negociación salarial, trasladando el foco de la discusión desde las planillas de sueldos hacia los pasillos de las comisarías y fiscalías por delitos contra la institucionalidad.