La renuncia de Juan Manuel Pulleiro al frente del Ministerio de Seguridad se produjo en medio del fuerte conflicto con las fuerzas policiales que mantiene en vilo a la provincia. La salida del funcionario se da en un contexto de tensión creciente por los reclamos salariales y las negociaciones inconclusas con los efectivos, quienes consideran insuficientes las propuestas del Gobierno frente al avance de la inflación.
Hasta el momento, desde el Ejecutivo no se emitió ningún comunicado oficial que confirme quién tomará las riendas de la cartera. Sin embargo, en los pasillos de la Casa de Gobierno de Jujuy ya circulan algunos nombres que podrían ocupar el cargo. La falta de definiciones oficiales no hace más que alimentar las especulaciones en medio de un escenario institucional complejo.
Un ministerio en medio del conflicto
La gestión de Pulleiro quedó bajo fuerte cuestionamiento durante el proceso de diálogo con las fuerzas de seguridad. Mientras el Gobierno intentaba presentar sus ofertas como gestos de buena voluntad, representantes policiales y sectores vinculados al personal insistieron en que cualquier acuerdo debía surgir de un consenso real y no de decisiones verticales que, aseguran, no reflejan la situación económica de los agentes.
El conflicto policial, sumado al clima de malestar dentro de la fuerza y en el servicio penitenciario, terminó por erosionar la continuidad del ministro. Su salida abre ahora un interrogante central: quién tomará el mando de un área clave para la administración provincial en uno de los momentos más delicados de los últimos años.
Los nombres que suenan
Entre los posibles reemplazantes aparecen figuras con antecedentes directos en la estructura de seguridad provincial y en la política local.
Uno de los nombres que circula es el de Diego Matías Suárez, quien ocupó el cargo de secretario de Relaciones con la Comunidad durante la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales. Su nombre vuelve a aparecer pese a haber sido imputado por distintos hechos vinculados a los operativos realizados durante las protestas de junio de 2023, cuando se produjeron cortes de ruta y disturbios en rechazo a la reforma de la Constitución provincial.
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También se menciona a Diego Rotela, quien asumió la Secretaría de Seguridad tras reemplazar a Hugo Fabián Sosa. Rotela estuvo al frente de la seguridad pública durante los episodios de fuerte conflictividad social conocidos como el “Jujeñazo”, ocurridos en el marco de la gestión de Morales y recordados por las denuncias de represión durante las protestas.
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Otro de los nombres en danza es el de Fabián Tejerina, quien se desempeña como Vicepresidente Primero de la Legislatura de Jujuy y presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico.
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Finalmente, también aparece en la lista el diputado provincial Adriano Morone, dirigente de las filas del radicalismo jujeño y sin mayor trascendencia dentro del cuerpo legislativo.
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Tanto Javier Tejerina como Adriano Morone no cuentan con una experiencia comprobada al frente de estructuras tan grandes y complejas como el Ministerio de Seguridad, que hoy debe enfrentar no solo la problemática de la inseguridad, sino también el avance del narcotráfico en una provincia donde la condición limítrofe vuelve todo aún más desafiante.
La incógnita que queda abierta es si el gobernador Carlos Sadir continuará permitiendo que las decisiones clave se definan bajo la influencia del exgobernador Gerardo Morales, como ocurrió con la designación de Juan Manuel Pulleiro, una apuesta que terminó con su salida del cargo en menos de un año.
Un escenario abierto
La definición sobre quién ocupará el Ministerio de Seguridad se da en un momento especialmente sensible para la provincia. El conflicto con las fuerzas aún no está completamente resuelto y el malestar dentro de la policía continúa latente.
En ese contexto, la elección del sucesor de Pulleiro no solo implicará un cambio de nombres, sino también una señal política sobre el rumbo que el Gobierno pretende darle a la gestión de la seguridad en medio de una crisis que todavía está lejos de cerrarse. Mientras tanto, el silencio oficial mantiene abiertas todas las hipótesis y deja a la provincia a la espera de una definición que, por ahora, sigue sin llegar.