Trabajadores de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino manifestaron su rechazo a la decisión de transferir la administración de las bases Carlini y Brown al Ministerio de Defensa, advirtiendo sobre un posible debilitamiento de la investigación científica, fundamental para sostener los reclamos de soberanía en el continente.
Trabajadores de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Argentino (IAA) expresaron su rechazo al traspaso de la administración de las bases antárticas Carlini y Brown, actualmente bajo la órbita de la Cancillería, al Ministerio de Defensa para su operación por parte del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).
En una carta abierta, los trabajadores cuestionaron la medida, impulsada por el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei, argumentando que podría conducir a una «militarización de hecho» de la política antártica nacional. Señalaron que la investigación científica es un pilar fundamental para ejercer la soberanía en el continente, según los términos del Tratado Antártico Internacional, y que priorizar la presencia militar sobre la civil podría afectar la posición internacional del país.
El documento sostiene que, si bien reconocen que la logística antártica es una función propia de las Fuerzas Armadas, la transferencia incluye también la administración, planificación y control de las actividades, competencias que por ley corresponden a la DNA. Advierten sobre una creciente desproporción entre personal militar y científico, la posible pérdida de jefaturas civiles en las bases y decisiones administrativas que desplazarían la experiencia técnica acumulada.
Los firmantes destacaron que la DNA es la autoridad de aplicación ante el Sistema del Tratado Antártico y que su traslado a Cancillería en 2003 buscó reforzar el carácter civil de la política antártica. Consideran que las decisiones recientes se tomaron sin un debate estratégico amplio y en un contexto de debilitamiento institucional.