El ministro de Economía defendió el acceso a líneas hipotecarias por parte de empleados públicos y abordó la evolución de la inflación, el empleo y la recaudación fiscal en una entrevista televisiva.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este domingo al acceso a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) por parte de funcionarios del Gobierno y legisladores oficialistas, en el marco de un pedido de investigación impulsado por la oposición en el Congreso. En una entrevista en LN+, el funcionario afirmó que no existe incompatibilidad ni irregularidad en estas operaciones.
«No hay nada ilegal y mucho menos inmoral», declaró Caputo, quien además indicó que él mismo incentiva el uso de estas líneas de crédito. Sostuvo que las condiciones, tasas, plazos y montos son iguales para todos los clientes y están sujetos al ingreso y al análisis crediticio. Según sus datos, el BNA otorgó más de 27.000 préstamos y los casos vinculados a funcionarios representarían «menos del 0,2%».
Entre los casos mencionados públicamente se encuentran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE, Felipe Núñez. El ministro también respaldó al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, afirmando: «Opino bárbaro de Adorni».
En otro orden, Caputo reconoció que la inflación de marzo «puede dar un poco más alta» debido al efecto de la guerra en Medio Oriente en los precios de los combustibles y al componente educativo por el inicio de clases. Esto se alinearía con estimaciones privadas que ubican la variación del IPC por encima del 3%.
Respecto a la actividad económica, el ministro insistió en que los números reflejan una mejora, con récords en actividad y consumo privado, aunque admitió que en marzo el nivel de actividad podría ser «más bajo» por el mismo efecto geopolítico. Sobre la recaudación fiscal, que lleva ocho meses a la baja, atribuyó la caída principalmente a la eliminación de impuestos, como el Impuesto PAIS.
Finalmente, Caputo reconoció que la pérdida de aproximadamente 270.000 puestos de empleo formal desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei ha tenido un efecto negativo en la recaudación del fisco.