El fiscal Franco Picardi pidió que se cite nuevamente a declaración indagatoria a más de 30 personas, incluyendo exfuncionarios y empresarios, en la investigación por un presunto fraude de más de 75.000 millones de pesos en la Andis.
El fiscal Franco Picardi solicitó que se vuelvan a citar a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini y otras 27 personas, entre funcionarios y empresarios del sector, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Según la fiscalía, se habrían detectado nuevas maniobras de corrupción desplegadas de manera articulada entre funcionarios públicos y proveedores de insumos médicos de alto costo, que se extenderían desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. La investigación estima que estas maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos del erario estatal.
Para el fiscal, existió una estructura delictiva organizada para direccionar contrataciones, inflar precios mediante el sistema especial de contratación Siipfis y repartirse fondos públicos. Diego Spagnuolo, máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado, ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles.
La acusación sostiene que las personas involucradas, actuando con roles definidos, conformaron una estructura que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando a la administración pública y, en particular, a personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas y del Programa Federal ‘Incluir Salud’.
El centro de la investigación es el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), que, según Picardi, fue manipulado en favor de un grupo selecto de empresas. Se habrían realizado simulaciones de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos de dinero.
Entre los nuevos citados a indagatoria se encuentran Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, y varios integrantes de las familias Sagués, Bernat y Capello, entre otros.
La investigación judicial, que lleva siete meses, determinó que la Andis habría funcionado como una «ventanilla administrada discrecionalmente» para concentrar beneficios en determinados proveedores, fuera de los principios de concurrencia, transparencia y control. La causa se originó a partir de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, aunque el fiscal ha aclarado que no los utilizó como prueba en su investigación.