Las agrupaciones FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace buscan sumar a la ciudadanía a una acción judicial para frenar la aplicación de la normativa recientemente aprobada por el Congreso.
Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, un conjunto de organizaciones ambientalistas ha lanzado una convocatoria para sumar adhesiones ciudadanas a lo que denominan «la demanda colectiva más grande de la historia». Las agrupaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace impulsan esta acción judicial con el objetivo de frenar la ejecución de la nueva ley.
Como antecedente, las organizaciones mencionan la alta participación registrada en las audiencias públicas previas, con casi 105.000 inscriptos, y buscan alcanzar un nivel de adhesión similar. Uno de los argumentos centrales de la demanda es la limitada cantidad de expositores que pudieron participar efectivamente en dichas audiencias. «Cientos de miles de personas se inscribieron para defender los glaciares y fueron ignoradas», sostienen, calificando el proceso de debate como «viciado y a espaldas de la sociedad».
Agostina Rossi, de Greenpeace, explicó a medios que la estrategia busca involucrar directamente a la ciudadanía: «En lugar de hacer una acción judicial solo de las organizaciones queremos que la gente se involucre. Vamos a hacer la parte burocrática y legal para que sea la más grande de la historia».
El fundamento legal de la inconstitucionalidad que alegan se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la competencia del Estado nacional para fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Según las organizaciones, la reforma invierte esta relación al otorgar la última palabra a cada provincia sin establecer un criterio uniforme, lo que derivaría en decisiones discrecionales y podría generar conflictos interjurisdiccionales. «Las provincias cordilleranas van a definir los recursos hídricos de otras provincias», advierten.
Además, señalan que la modificación contravendría principios ambientales como el de «no regresión», que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados. Las organizaciones sostienen que esta decisión no cierra el conflicto, sino que abre una nueva etapa de participación ciudadana en defensa del agua.