Una denuncia judicial pone bajo la lupa préstamos por 6.500 millones de pesos a 25 miembros del Gobierno y legisladores aliados, cuestionando los procedimientos y posibles conflictos de interés.
Una serie de denuncias judiciales ha puesto en el centro de la escena la adjudicación de créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo. Según la información en poder de la Justicia, 25 beneficiarios vinculados al Gobierno habrían recibido financiamiento por un total aproximado de 6.500 millones de pesos.
La presentación, realizada por la diputada Mónica Frade, apunta a casos específicos, entre los que se destacan miembros del equipo económico. La denuncia cuestiona la celeridad de los trámites, el cumplimiento de los requisitos y posibles conflictos de intereses, dado que algunos solicitantes se desempeñaban en organismos de control del sistema financiero al momento de la gestión.
Uno de los casos mencionados es el del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien habría utilizado un préstamo de 367 millones de pesos para la adquisición de una propiedad en un country de Pilar. La denuncia señala que la escritura se realizó en un tiempo récord, contrastando con los plazos habituales. Furiase negó haber recibido trato privilegiado y aclaró aspectos sobre su situación patrimonial.
Otros funcionarios mencionados en la lista son Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, ambos del área económica, quienes también recibieron montos significativos. Núñez defendió el proceso, afirmando que actuó como cualquier ciudadano.
La investigación, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, busca determinar si existió una «ventanilla VIP» para funcionarios y si se respetaron todas las normativas en la concesión de estos préstamos. El Ministerio de Economía ha proporcionado otros nombres de subsecretarios y funcionarios que integrarían la nómina de beneficiarios.
El caso ha generado repercusión política mientras avanza el examen judicial de los procedimientos del Banco Nación en estos otorgamientos.