El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Chaco realizará un encuentro el 28 de abril con especialistas locales, autoridades y organizaciones para debatir la implementación de leyes, los procesos de denuncia y los desafíos en casos de maltrato animal.
El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Chaco organiza un congreso provincial que se realizará el próximo 28 de abril en el Centro de Estudios Judiciales, de 8 a 14 horas. La actividad, abierta al público en general, reunirá a especialistas en derecho animal locales, autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, veterinarios y representantes de organizaciones protectoras.
Según explicó Sonia Sosa, titular del instituto organizador, el objetivo principal es generar un espacio de trabajo y diálogo entre los distintos actores vinculados a la problemática animal. «Este congreso tiene una particularidad que tiene que ver con que es un congreso provincial, con personas que tienen conocimiento en derecho animal que son del Chaco», detalló.
Uno de los ejes centrales será analizar la aplicación de las normas vigentes, como la Ley Nacional 14.346 que tipifica el maltrato animal como delito, y debatir sobre proyectos legislativos en discusión. «Estamos en una etapa que tiene que ver con la implementación del derecho, con la normativa vigente que protege a los animales y también con las que faltan», afirmó Sosa.
La abogada destacó avances institucionales en la provincia, como la existencia de una fiscalía ambiental rural y protocolos de actuación policial, que facilitan una mejor coordinación. «Tenemos elementos suficientes para empezar a dialogar y este congreso es oportuno para eso», sostuvo.
Durante la jornada se abordarán temas como los procedimientos para realizar denuncias, el destino de los animales rescatados y los desafíos que enfrentan los refugios, que suelen operar con recursos limitados y sin un sostenimiento estatal directo. También se presentará una exposición sobre el impacto social del maltrato animal, analizando su conexión con otras formas de violencia.
La participación está abierta a instituciones y al público en general, con el fin de informar a la sociedad sobre cómo actuar ante casos de maltrato. «La idea es que participen todas las partes interesadas, desde el público general, porque tienen que saber cómo denunciar, dónde, cuándo y cuáles son los entes que intervienen», planteó Sosa.