El fiscal Sergio Rodríguez solicitó que el juez cite a indagatoria a Andrés Vázquez, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por no declarar tres inmuebles en Estados Unidos valuados en más de 2,1 millones de dólares.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), Andrés Vázquez, tras concluir que le ocultó a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.
El fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Además, le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
El pedido de indagatoria contra Vázquez deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y se suma a otras investigaciones judiciales en desarrollo sobre funcionarios del Gobierno en los tribunales de Comodoro Py. Tienen como imputados al presidente Javier Milei y su hermana Karina en el “caso $LIBRA”, al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al otrora abogado personal del jefe de Estado, Diego Spagnuolo, por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), o a las autoridades del Banco Nación por la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios.
Designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024, y ascendido al liderazgo de ARCA en diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei, Vázquez afronta cuestionamientos e investigaciones penales desde hace años. Entre otras, por su vinculación con el casino flotante de Buenos Aires, por proteger desde su cargo al matrimonio Kirchner y a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, por un megaoperativo contra el grupo Clarín y por operar US$ 416.000 en una cuenta bancaria de Curazao a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires.
La pesquisa judicial contra Vázquez se inició tras una investigación periodística que La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicaron en diciembre de 2024, con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Durante los primeros meses quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Rívolo, pero pasó luego al juez Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán, quien pidió obtener información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante un exhorto judicial.
Marijuán avanza en la pesquisa sobre Vázquez con el apoyo de dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y la PIA, bajo el mando del fiscal Rodríguez, que en su dictamen de 54 carillas afirmó que quedó probado que Vázquez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA tres inmuebles en Miami valuados en más de US$ 2 millones.
Esas tres propiedades, según verificó Rodríguez, son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$ 710.000 y US$ 400.000 respectivamente mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$ 980.000 a través de Pompeya Group Corp. Ambas firmas panameñas quedaron, desde 2016, bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según los formularios internos del estudio Trident Trust, que lo catalogó como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
Para el titular de la PIA, “obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito” de omisión maliciosa, apoyado en las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna alude a las sociedades offshore ni a los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final.
Rodríguez verificó que el funcionario y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez – también empleada de ARCA – pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$ 136.761 entre 2014 y 2018, y que incluso se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre del propio Vázquez y su exesposa, y que sus hijas residen allí desde 2022, según ellas mismas dejaron asentado como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas argentino.